El lunes pasado, el tribunal de apelación de la Corte Nacional confirmó la sentencia condenatoria del caso “Sobornos” contra el expresidente Correa, varios ex funcionarios de su gobierno, y otros particulares, por el delito de cohecho. Por su importancia, el caso merece un análisis que, aunque estoy segura será impopular, es necesario a la hora de fortalecer nuestro Estado de Derechos y Justicia.

Lo primero es recordar que el Estado tiene el deber de investigar toda denuncia de corrupción y de establecer sanciones proporcionales a la gravedad de estos delitos, a la luz de sus obligaciones en materia de DDHH. La pregunta es si esto se hizo respetando el derecho al debido proceso. Veamos.

Según la CIDH, el deber de investigar exige un estándar elevado a la hora de presentar pruebas. No basta con incluir cualquier cosa en un expediente (un cuaderno, un documento de Exel); estas pruebas deben desbaratar la presunción de inocencia a la cual todos los procesados eran titulares. Sin embargo, en el caso de varios procesados en “Sobornos”, las pruebas no llegaron a demostrar de manera fehaciente el cometimiento de delitos, porque ser contratista con Estado per se no es delito, emitir una factura per se no es delito, y que sus nombres consten en un archivo de Excel no es per se, determinante de la existencia de un delito.

Es igualmente grave la desprolijidad con la que el tribunal de primera instancia evaluó las pruebas presentadas. Al menos en dos casos analizados por el Observatorio de Derechos y Justicia se verificó que estos particulares fueron condenados con prueba ajena, violando su derecho a ser presumidos inocentes y a recibir una sentencia suficientemente motivada. El tribunal de apelación no hizo referencia alguna a estas graves inconsistencias; las ratificó. Lo que es peor, terminó la audiencia amenazando con procesar a los abogados que han denunciado públicamente estas irregularidades, en violación a su derecho a la libre expresión.

La sentencia de “Sobornos” deja, por tanto, un sabor agridulce. Sí, los ecuatorianos necesitábamos que se sancione a quienes abusando de su poder cometieron actos de corrupción, pero por eso mismo, era especialmente necesario que éste sea un juicio apegado al debido proceso, prolijo, riguroso y técnico. Desafortunadamente el apuro, la politización y la mediatización, nos dejan una sentencia incomprensible, llena de inconsistencias y, sobre todo, de muchas dudas. (O)