La decisión de llamar a juicio a los oficiales de las Fuerzas Armadas colombianas por el bombardeo al campamento de las FARC en Angostura, ocasionó sorpresa y malestar en este país; porque allí se pensaba que este era tema “clausurado” de acuerdo con lo expresado por el mismo Correa, quien siempre fue claro al decir que aunque los hechos no se podían olvidar, lo sucedido quedaba atrás y las relaciones entre los dos países comenzaban una nueva etapa.
Haciendo abstracción de las posiciones asumidas por cada gobierno y que ambos zanjaron “pasando la página”, esta decisión judicial deja la extraña sensación de no saber qué es lo que en realidad está pasando en Ecuador, porque tanto la posición de Correa, sus dos visitas a Colombia y la forma en que han venido trabajando los dos países, confirman su interés en mantener buenas relaciones; asimismo y de otra parte, la decisión judicial de no llamar a juicio al Presidente Santos, quien era entonces el superior directo de los oficiales judicializados, hizo pensar que efectivamente todo había quedado en el pasado.
Las circunstancias descritas no guardan coherencia con la decisión judicial, una porque no coincide con el sentir del gobierno ecuatoriano y otra porque no se entiende cómo se llama a juicio a los oficiales y se archiva el proceso contra su jefe directo, al punto que Santos declaró que asume directamente la responsabilidad por el bombardeo.
Es claro que el poder judicial debe ser autónomo e independiente para garantizar el estado de derecho; el problema radica en todos los “intríngulis” que maneja este proceso, porque no es un secreto que una decisión como esta tiene también efectos políticos, como el poder generar una crisis diplomática justo cuando las relaciones iban por buen camino y otro que consiste en afectar la imagen de Correa al querer mostrar que una cosa es lo que él dice y otra lo que sucede en el Ecuador.
Pareciera, por los eventos ocurridos en este último año, que existe una mano “negra” intentando desestabilizar a Correa, por lo que hay que analizar con cierto estilo detectivesco, a quiénes beneficia una pesca en río revuelto. ¿Será acaso a los que los intereses políticos del Oriente ecuatoriano, que además de ejercer control en su sector judicial, quieren al Presidente fuera de escena hace tiempo? Habrá que esperar cómo se desarrollan los acontecimientos porque este es un tema muy delicado y cuando se dice que no hay que olvidar, yo pienso que es, sobre todo, para recordar el peligro que la narcoguerrilla representa también para Ecuador.
