En la administración de las sociedades más o menos democráticas, los asuntos delicados gravitan. A ratos son visibilizados, y en otros momentos no son tomados en cuenta. En nuestro país, estos temas de interés social ciertamente han sido considerados como importantes, y es correcto. No obstante, ¿Son prioritarios? Y, si se los incluye en la agenda política, ¿Son abordados bajo los criterios de importancia, urgencia y con los elementos humanos más idóneos para su tratamiento? Por lo que tenemos, ahora, creo que no. En específico, me estoy refiriendo a la atención que el aparato público gubernamental y legislativo está brindando al sistema de educación superior.
Varios cambios, desde la narrativa pública nacional y foránea: que se iba a eliminar la SENESCYT… Luego, lo que hubo fue ciertos ajustes en los mecanismos de acceso al sistema aseverándose que así se mejoran las oportunidades para los bachilleres; lo actuado (quizá poco, o nada) para el cumplimiento de la agenda ODS 2030… Luego, lo que tenemos es un legislador provincial impulsando la reapertura de entidades que ejercían actividades de Educación Superior y que en su momento fueron cerradas no precisamente por que se las persiguió, sino por sus deficiencias académicas (tildadas como universidades de garaje); que se ha escuchado a las voces que exigen un sistema académico básicamente universitario donde la cultura de la excelencia impere… Luego, vemos que el Ejecutivo presenta un proyecto de Ley donde pretende cesar a los miembros del CES y CACES y con ello reemplaza a sus miembros (principalmente con titulación doctoral) por 9 integrantes que al menos cuenten con título de maestría, y que ejercerán funciones por dos años pudiendo prorrogarse por igual periodo, una vez; que no se ha reducido el presupuesto universitario para que las universidades cofinanciadas otorguen becas… Luego, la réplica (de la Universidad Politécnica Salesiana, por citar) de que lo que se ha transferido por parte del Estado obedece a “lo pendiente” y no “a lo que correspondería”. ¡Así no más!
Meditando un poco: ¿Así queremos superar los desafíos del sistema de educación universitario, agravado aún más por los efectos de la covid-19? Considero que, lamentablemente, lo que habrá es un trabajo superficial, y con riesgo de que hasta se retroceda. Basta ver, por ejemplo, que el Legislativo ya cuenta con más de 10 proyectos de reforma a la Ley de Educación Superior, y a estas (de lo que conozco es la postura de la Comisión Legislativa de Educación) se sumaría la propuesta del Ejecutivo. Se conoce lo que entra (propuestas normativas), pero vaya a saber Dios lo que salga de ahí. El tan solo hecho de intentar “traer a la vida jurídica” a entidades que operaban en el sistema y que fueron cuestionadas por sus “productos” bajo parámetros de calidad, pertinencia e inclusión equivaldría a que un profesional en física nuclear nos ilustre en preparar y emplatar un risotto. En buen romance: nos confundirá del todo. Agrego que el simple hecho de reemplazar a personas con credenciales doctorales por personas que, para a su vez reemplazarles a los que estén, cuenten (al menos) con (un) título de maestría (incluyendo las maestrías con observación “título propio”) y sin si quiera exigirse cuenten con al menos dos publicaciones en revistas indexadas de alto impacto (Q1 o Q2) significa sobrevalorar unas credenciales (máximo dos años de estudios) y subestimar, deprimir y desincentivar otras (el mínimo de estudios para alcanzar el grado doctoral es de 3 años); de paso, aquellas personas que lleguen van a tomar decisiones muy importantes y delicadas que impactarán en el presente y futuro del sistema de educación superior.
Finalmente: ¿El poder público se ha preocupado por las condiciones cognitivas de entrada de los alumnos “nuevos” (bachilleres)? El Banco Mundial hace varios años viene advirtiendo de las consecuencias de no abordar el constructo calidad en el aparato secundario e incluso el primario para así no tener un sistema educación superior: colapsado respecto a no poder afrontar la demanda, donde “todos” ingresan pero “contados” culminan, y donde quienes se gradúan “mañana o más tarde” se insertan al mercado laboral como conductores de taxis o como repartidores en modo “delivery”, dado que tampoco (de lo que veo) se ha trabajado por el enlace Educación Superior - Sector Privado.
De nuevo: este tema es un asunto delicado. ¿Se lo ha tomado como tal?
