Son los ciudadanos de a pie los que hoy quieren debatir sobre la tan esperada Ley de Comunicación, pero los “líderes de opinión”, aquellos a quienes toda la vida les sirvieron los medios como sus altoparlantes, no quieren hacerlo. Hay demasiadas evidencias que prueban su interés de “debatir” solo con los que compartan su misma visión e intereses. Qué pena por ellos, pero se niegan a sí mismos y le niegan al país el enriquecimiento de un debate que, antes de este tiempo, solo se lo ha hecho en pequeños cenáculos académicos y universitarios.
Apenas se abordan temas de esta naturaleza -en los medios públicos, especialmente en la radio- se dispara la sintonía, reflejada en la participación de los oyentes. Y no son llamadas intrascendentes, para nada. Más bien hay criterios bien fundamentados, que deberían servirles a los legisladores para nutrir sus debates, sin cortapisas ni
artimañas.
Sí, se requiere de una ley que, en lo fundamental, recupere el rol social de medios y periodistas, que es el de mediadores y no de actores, como en muchos casos ocurre hasta hoy. Esa ley debe garantizar que los contenidos y las formas sirvan para construir una sociedad equilibrada, justa, inclusiva y no discriminatoria. Una suma de programas que reniegan de la condición multiétnica de la población y que recurren al chiste burdo, para caricaturizar o burlarse de minorías que las consideran de menor valor social o político, simplemente no deberían estar en la parrilla de la programación.
Si bien es constitucional y jurídicamente legítimo que las empresas de comunicación obtengan utilidades por su negocio, no pueden olvidar que la comunicación de masas es un servicio público, tan o más importante como los servicios de luz, agua o teléfono, por lo que los términos de calidad, transparencia y equilibrio en la información y programación deben ser una constante.
Cuando se exacerban los temores ciudadanos, con temas de inseguridad, crimen y violencia, se confirma que los medios son promotores de miedos. Abordar esos hechos, solo desde una visión policiaca, impide resolver tales males sociales, los agrava y solo abona al canibalismo político, antiguo mal que aqueja al país. De eso también tiene que ocuparse la ley, quizá en el ámbito de la regulación ciudadana de los contenidos.
¿Por qué temen a las voces ciudadanas y no están dispuestos a debatir ampliamente con los que no comparten sus visiones? ¿Quieren que siga habiendo tele y radiobasura que perennicen el oscurantismo? No esperen a que los que votaron a favor de la promulgación de esta ley exijan de otro modo el respeto una decisión mayoritaria. Así es la democracia, aquí y en la Cochinchina.
