El FBI, a través de una corte federal de Estados Unidos, ha ordenado que Apple rompa la seguridad de uno de sus productos construyendo un backdoor (una puerta trasera para penetrar el software) para uno de sus celulares. Específicamente, el celular de Syed Rizwan Farook, uno de los terroristas en los ataques de San Bernardino, California, de diciembre de 2015.
A Apple no le gusta esto. Tampoco a Google. Ni tampoco a WhatsApp. Y estos dos últimos han mostrado su apoyo a la posición de Apple frente al pedido del FBI: negarse a crear el backdoor.
Para entender mejor el caso es importante escarbar en la historia legislativa norteamericana. En 1789, la Ley de todas las órdenes judiciales (AWA por sus siglas en inglés) permitió que las cortes federales emitan órdenes en donde se requería que terceras personas asistieran en la ejecución de otra orden judicial. Por ejemplo, que una compañía de teléfonos ayude a instalar un registrador de números marcados. Esta misma ley es la que está utilizando el FBI para ordenar a Apple diseñar un backdoor para su teléfono.
Ahora bien, la AWA tiene sus limitaciones. No puede forzar a una compañía a realizar una actividad “irracionalmente onerosa”. Apple argumenta que crear el backdoor afectaría su reputación frente a los clientes, que la confianza construida a partir de los mecanismos de privacidad se vería rota. Son, de hecho, mecanismos que en los últimos años se han venido perfeccionando, al punto que, sin la clave de usuario, incluso Apple no puede acceder a los contenidos de ninguno de sus teléfonos.
Pero esto no se limita a este caso en específico. De crearse este precedente, el Congreso de Estados Unidos podría encontrar un argumento adicional para consolidar su posición sobre la encriptación en dispositivos. Como es de esperarse, especialmente tomando en cuenta el resto de legislación que ha aprobado (ver CISA), lo que busca el Congreso es pasar una ley que obligue a las compañías a crear backdoors en sus dispositivos para poder acceder a ellos. Saltan a la vista los problemas. Para comenzar, los backdoors pueden ser utilizados por instituciones del Gobierno, pero también por hackers. Es difícil confiar en cualquiera de los dos. Luego están los límites a la privacidad en honor a la seguridad. Y si algo ha mostrado el tratamiento de la información por parte del Gobierno de Estados Unidos es que suele terminar en un alto número de daños colaterales, i.e. hospitales afganos, bodas afganas, ciudadanos estadounidenses, etc.
También hay otro precedente. Semanas después de que el jefe del FBI argumentara a favor de la creación de backdoors a los códigos de encriptado, China hizo lo mismo un par de semanas después, argumentando la necesidad de una ley antiterrorista para protegerse de separatistas y religiosos extremistas. El presidente Obama ha criticado esta posición. Que no se escape la ironía.
Entonces hay el doble peligro, tanto en el precedente que se crea de dar más terreno para que el Congreso de Estados Unidos tramite leyes a favor de este tipo de medidas, como el precedente de que China copie estas medidas.
Y si la posición de Apple nos parece loable, no olvidemos que los documentos filtrados por Snowden revelaron que, desde 2012, Apple ha dado información de sus clientes al FBI y a la NSA. También lo ha hecho Google. También Facebook (dueño de WhatsApp). Sí, estamos jodidos. (O)
