Se cumple el bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812, la Pepa, la primera Constitución en España de corte liberal, y significativa por su gestión de la relación de España con América. Por eso, y por otros motivos, la XXII Cumbre Iberoamericana celebrada este año en la hermosa ciudad de Cádiz era muy especial. Se sentaban a la misma mesa dos modos de entender la historia, el mundo, los pueblos, la soberanía y la democracia. En un lado, España con su monarquía decadente y con un presidente en problemas, Mariano Rajoy, que aplica el dogma liberal en versión neoliberal, laissez-faire, laissez-passer (“dejad hacer, dejad pasar”), esto es: gobernar para que otros gobiernen desde otras latitudes y otros intereses. En el otro lado, buena parte de una pujante y progresista América Latina, que se transforma a favor de las mayorías por la vía de una democracia más real.
Son muchos los antagonismos entre estas dos formas de hacer política. Los anfitriones, el rey y el mandatario español, son los mismos que entendieron la transición a partir de la cita de Lampedusa: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. Así se hizo la transición fallida para muchos, pero exitosa para unos pocos, modificando cierto andamiaje aparente para sostener una burbuja democrática que seguía concentrando el poder económico en manos de unos pocos. Enfrente de ellos, una América Latina progresista defensora de una transición que pusiera punto y final al neoliberalismo, respondiendo a urgencias coyunturales y consolidando nuevas estructuras para gozar de soberanía en sectores estratégicos, redistribuyendo excedente económico en beneficio de las mayorías.
En esta crisis sistémica de efectos desintegradores en lo social, España llegaba a la cita con un solo objetivo: buscar su propia periferia para resarcirse de su trato desigual periférico en el seno de la Unión Europea, esto es, disponer de relaciones económicas favorables que compensen de alguna manera la situación actual de subordinación al capital europeo de los países centrales. El gran reto de España es volver a rescatar a sus poderes económicos, y por ello sus propuestas han estado encaminadas a recibir inversiones de las translatinas y garantizar más mercados en el continente americano para sus grandes empresas. El papel periférico de España en la Unión Europea ha tenido efectos evidentes; desarrollo desigual, dependencia comercial, desintegración productiva, pago eterno de deuda ilegítima y sumisión política. Ahora, España se camufla recurriendo al relato de la hermandad de los pueblos y del iberoamericanismo solidario para buscar nuevos socios en un tablero geoeconómico muy adverso para el país.
Dos frases de Rajoy hablan por sí solas: “Más América Latina en Europa y en España es una receta imbatible para afrontar los actuales desafíos”, y “las cumbres iberoamericanas han servido para crear riqueza, estabilidad y libertad en nuestras naciones”. Todo esto acompañado del manido y falso eslogan de la “seguridad jurídica”. Hete aquí donde retumban las diferencias irreconciliables. En primer lugar, porque la nueva región ya no viaja a Cádiz con la cabeza agachada y en clave de dependencia económica ni política: ahora, América Latina visita Cádiz vigorosa y soberanamente. La propuesta progresista regional resignificó la recurrente seguridad jurídica: ahora, dicha seguridad jurídica es para garantizar el vivir bien de los ciudadanos del continente y no para la tasa de ganancia de las empresas extranjeras. Ese es el gran matiz; el sujeto de interés es otro, no el capital transnacional sino el pueblo latinoamericano. Seguridad jurídica sí, pero para las grandes mayorías.
Otra gran divergencia es que América Latina no acepta ser más periferia, no acata su papel histórico de dependencia, sino que se busca a ella misma como nuevo bloque regional, integrándose para emanciparse, conciliando revolución nacional-popular con un proyecto continental. Esta vez, en Cádiz, afortunadamente no existió consenso. La América Latina progresista seguirá su camino de profundización de cambios. En el otro lado del océano, el poder constituyente en España tiene el desafío de abrir un horizonte distinto para democratizar el poder económico y político.
* Doctor en Economía. Coordinador América Latina CEPS.
