España tiene tradición e institucionalidad de medios públicos. Incluso acá algunos alérgicos a la Ley de Comunicación no han querido tomar ese ejemplo, precisamente por lo que acaba de ocurrir con Ana Pastor. Allá, esa legislación garantiza un proceso y unas normas para los medios públicos, que a la larga les dieron mucho más rating y credibilidad que la que suponen siempre, por ósmosis, son de exclusivo privilegio de los privados.
Nadie puede afirmar que Pastor sea una periodista “crítica” o “revoltosa”. Hizo su trabajo y de modo profesional, con más virtudes que defectos. Y por eso mismo no le cayó bien a la derecha ahora en el Gobierno español. El mismo trabajo hizo con Rodríguez Zapatero y no fue botada. Ocultar los rasgos más graves y lacerantes de la crisis es imposible si se hace buen periodismo.
Entonces, ¿por qué ahora es noticia la crisis de comunicación pública de España? ¿Porque sale una figura pública, una mujer guapa y una excelente entrevistadora? La farandulería de la información oculta que antes de ella hubo un millar de periodistas despedidos de todos los medios públicos. Y en menos de un año de gobierno de la derecha se ha cerrado media centena de editoriales que imprimían periódicos y revistas, semanarios y publicaciones especializadas.
En otras palabras, la derecha nunca concibió una comunicación pública porque en su mentalidad rentista y privatizadora (como ya ocurre en Chile) lo primordial es el periodismo privado y mercantil. Dudo mucho que a Pastor la saquen por crítica, sino porque es muy difícil sostener un sistema de comunicación que revela (sin aspavientos ni escándalos a favor de la libertad de prensa y de expresión) una realidad a partir de un periodismo profesional y harto responsable.
Si alguien (acá ya empezaron, con bajo perfil) edifica desde Pastor una heroína/víctima por su salida de TVE debería pensar antes en enumerar, periodísticamente, todo lo que ocurre en España con los medios públicos, como parte de un sistema democrático donde el Estado tiene la responsabilidad de financiarlos y garantizarles autonomía económica y editorial para servir a audiencias mucho más informadas.
Solo a partir de ahí podemos discutir por fuera de esos argumentos que hacen de las empresas periodísticas unos poderes intocados, aunque traten mal a sus empleados, no cumplan con la ley o mientan en sus cifras sobre circulación y ventas. La prensa y los periodistas no somos ídolos de nada, más bien resignificamos a aquellos que se erigen para ocultar verdades o camuflarlas bajo la bandera de la libertad de expresión.
