La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) a través de su presidente, Raúl Delgado, días atrás calificó como una afectación contra la autonomía de los municipios el patrocinio de la Defensoría del Pueblo a varias acciones que buscan hacer respetar el derecho a la paridad de género en las vicealcaldías.

Para la AME -se entendería- lo resuelto por un concejo es asunto de ellos y poco importa si contrarían otras leyes, porque sencillamente manifiestan ser autónomos.

Lo que no creo entiendan alcaldes como Delgado, o se hacen los que no entienden, es que la Constitución está sobre las ordenanzas y el Cootad. Por lo tanto, la Defensoría del Pueblo deberá seguir impulsando el respeto a la paridad de género que contempla nuestra Carta Magna, demandando se sujeten los concejos municipales a la norma superior que rige la nación y patrocinar cuantas acciones sean necesarias, buscando corregir la afectación a un derecho por lo demás justo y necesario.

En este momento lo que menos le interesa al país es tener una especie de cartel municipal desde donde pretendan negar derechos apelando al espíritu de cuerpo, luchando por vicealcaldes que, en ocasiones, arriban con la única consigna de encubrir y proteger la corrupción de un alcalde.

En medio de esta crisis económica lo que realmente necesitamos es una AME preocupada por los dineros de las cantones, procurando mayores controles en los municipios, en la efectividad, pertinencia y honestidad del destino de esos dineros.

Mejor preocúpese la AME de firmar convenios con la Secretaría Anticorrupción, por ejemplo, para evitar que suceda lo que pretenden hacer en el GAD de Quevedo. Donde van a contratar -según su POA- por $ 100.000 un innecesario estudio ambiental para un marginal estero, direccionando la contratación por el indecoroso Régimen Especial del Sercop; también otros $ 300.000 en cuadrillas de aseo, cuando Quevedo ya le paga a una empresa privada por la limpieza de la ciudad.

Primero erradiquen las dolosas contrataciones de sus asociados, antes de oponerse al derecho a la paridad de género en los concejos. (O)