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El Telégrafo

Algunos desafíos del censo económico 2010

26 de junio de 2011 - 00:00

El último censo económico dado a conocer por la Secretaría Nacional de Planificación y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos arroja resultados preocupantes para el proyecto de democratización del país. También obliga a pensar soluciones imaginativas ante este gran problema.

En síntesis, el informe muestra una abrumadora concentración económica: el 1% de las empresas del país concentra el 90% de las ventas. Sigue vigente un perverso modelo de concentración territorial de la riqueza, ya que Pichincha y Guayas tienen el 72% del volumen de ventas y el 45% de los establecimientos económicos del país, mientras en las provincias donde los negocios están más concentrados hay mayor pobreza.

En referencia a la capacidad de empleo y concentración de la riqueza hay una clara desproporción entre las pequeñas y las grandes empresas: las empresas pequeñas, es decir, las conformadas entre 1 y 9 personas, ocupan 911.146 personas, lo que equivale al 44% de la mano de obra del país y mueven apenas el 16,4% de las ventas. Por su parte, las empresas grandes mueven el 44,1% de las ventas a pesar de que ocupan a 500.266 personas, es decir, el 32% de la mano de obra.

¿Qué posibles soluciones se puede empezar a implementar? Los propios funcionarios de la Senplades hablan de la urgente elaboración de una ley antimonopolios que, al parecer, se encuentra obstruida en la Asamblea.  Sin embargo, también hay que reforzar los mecanismos como la desconcentración y las formas de descentralización que propicien la igualdad territorial, así como implementar la ley de economía popular y solidaria. 

La descentralización y la desconcentración en un proyecto de democracia radical tienen que disputar la bandera de la descentralización utilizada por el neoliberalismo. La descentralización y la desconcentración en el actual contexto deben ser una lucha contra los rezagos del colonialismo interno típico de nuestros países. Se debe partir no sólo de la premisa de que las regiones menos favorecidas sean las principales beneficiarias de sus riquezas potenciales o reales, sino también crear mecanismos para que las regiones más ricas sean solidarias con las regiones menos favorecidas.

También hay que fortalecer todos los niveles educativos y la capacitación de la población en las regiones marginalizadas. De otro lado hay que hacer el mayor esfuerzo por darle vida a la economía popular y solidaria. Hay que dar todo el apoyo posible a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios como depositarios de un crecimiento antimonopolio, incluyente y solidario.

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