Los afectados del archivo a la Ley de Atracción de Inversiones

Durante estos dos últimos años la pandemia nos expuso las múltiples fallas e importantes déficits en la provisión de servicios, rezagos en inversiones de infraestructura social y productiva y debilidades institucionales que ahondaron las desigualdades sociales e incrementaron la pobreza. Estos fallos estructurales nos indican que la reactivación económica no es posible si estas insuficiencias no se corrigen. Volver a indicadores de crecimiento en años de prepandemia no significa progreso ni nos conduce a una senda de desarrollo, todo lo contrario. Se requieren cambios estructurales. ¿Cómo hacerlo con un Estado que observa déficits fiscales recurrentes y sistemáticos desde siempre?

La inversión pública viene disminuyendo de manera permanente al ser el rubro más susceptible de recorte del gasto público. Según el Banco Central del Ecuador, en 2011 la Inversión total del país o la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) considerada el motor de crecimiento económico al incrementar la capacidad productiva, representaba el 25% del PIB y la inversión pública el 11%; en 2019 (prepandemia) la FBKF fue del 24,8% del PIB (sin crecimiento en una década) y la inversión pública cayó a menos del 8%. La inversión extranjera no alcanza al 1% del PIB, cuando en países vecinos va del 5% al 7%. ¿Quién puede y quiere invertir en el país?

La propuesta de ley de atracción de inversiones con el objetivo de modernizar el marco regulatorio en ejes fundamentales como las alianzas público-privadas, zonas francas, mercado de valores para facilitar la disposición a invertir en determinados sectores del país, pretendía dar una respuesta en este sentido. Propuesta perfectible, por cierto. Una impresentable Asamblea resolvió archivar el proyecto de Ley, dando así la espalda al futuro de la población más vulnerable (70% de la PEA) que, por carecer de acceso a bienes y servicios públicos de calidad, está condenada a vivir en condiciones precarias, sin atisbo de solución inmediata.

En crisis anteriores, la informalidad laboral siempre fue un refugio de sobrevivencia social -que amortiguaba el golpe; en la actual crisis, la pandemia impidió durante dos años la aglomeración de personas, sitio natural de gestión del informal, con el agravante de su imposibilidad de virtualizar su trabajo. Sabemos que el crecimiento económico se logra con inversiones y su consecuente generación de empleo que constituye por sí mismo, en la mejor política distributiva al contrario de la visión asistencialista que propone el populismo trasnochado, repleto de falsa retórica que ha negado esta ley. No podemos engañarnos al tratar de encontrar razones de fondo para calificar de insólito y absurdo el comportamiento de esta Asamblea en la que conviven y se confunden rivales, compadres y el correísmo más corrupto de la historia, pues toda iniciativa del gobierno va a ser negada porque su única consigna es desestabilizarlo. No importa lo que se afecte y sufra la población pobre del país. Ciertamente el frente político del gobierno fracasó, faltó comunicación, estrategia y pedagogía política. Queda la dramática muerte cruzada. ¿cuál será la decisión?