Después de la remoción del, hasta ahora, alcalde de Quito, mucho se ha dicho sobre las alternativas jurídicas de las que dispone para mantenerse en el cargo. Lo cierto es que aquellas están ahí, y cualquier personal sea servidor público o no, tiene acceso a estas, y en general, acceso a la justicia en cualquiera de las jurisdicciones nacionales; en este caso, una alternativa bastante rara por su naturaleza, pero que puede ser: electoral de revisión procedimental.
Jorge Yunda tendrá la posibilidad de presentar una “consulta” ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), a través de la cual el organismo deberá revisar las formalidades y procedimientos realizados en el cabildo quiteño desde el inicio del proceso de fiscalización política que devino en su remoción.
Posiblemente nos preguntaremos qué pasa en esta instancia, y, si después de todo lo suscitado en el pasado proceso electoral, se confía una en institucionalidad electoral. Pues, después de la admisión a trámite de la consulta, si es que esta cumple con todos los requisitos, el TCE deberá establecer, si es que el procedimiento fue adecuado, y determinar la existencia o no de omisiones procedimentales y transgresiones a todas las formalidades; en otras palabras, validar las actuaciones del Concejo Metropolitano y Comisión de Mesa.
La reacción de ciertos concejales ha sido de desconfianza de las posibles actuaciones del Contencioso Electoral, y han llamado a las y los ciudadanos a estar vigilantes de lo que pueda suceder en dicho organismo de administración de justicia.
¿Debería darse este llamado? ¿qué podemos hacer los ciudadanos y ciudadanas ante un proceso de revisión de una remoción? “Escasamente poco”, las decisiones serán tomadas por los jueces después de ciertos actos, que, de hecho, no son públicos, sino que responden a esa delegación estatal de administrar “justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de Constitución y las leyes de la República”.
La desconfianza se ha vuelto generalizada y de doble y hasta triple vía; no confiamos en autoridades, procesos, instituciones jurídicas y hemos dejado que estas caduquen o se utilicen como herramientas de amenaza en las que el juego político determina votaciones y cálculos de futuro.
Lo cierto es que estas herramientas están ahí de manera excepcional; así como los actos de corrupción, que deben ser excepcionales, cuando existe una persona o grupo que deciden no llevar a cabo de manera adecuada el mandato popular. La alternativa para el TCE y para todos es actuar correctamente.
