Depender del agua lluvia y del aquateniente como del terrateniente, es notoriamente la suerte de muchos pequeños propietarios agrarios en el Ecuador, a pesar de que una de las principales ofertas de campañas electorales, siempre incumplida, es dar agua.
Hay inequidad en su distribución. Según el III Censo Nacional Agropecuario, de las 821.042 Unidades de Producción Agropecuaria-UPA- del país, solo 239.303 tienen riego. En contraste, toda o casi toda la superficie para cultivos de exportación está bajo riego: los cultivos de consumo nacional, incluyendo los de café y cacao tienen agua solo entre 4% y 25%. Solo el cultivo del arroz, el más importante del Ecuador, tiene algo más de agua.
Un fenómeno preocupante es la privatización de la gestión del agua, y la indecisión de la Ley de Aguas, que en el Art.6 prohíbe toda forma de privatización y en el siguiente prevé que, excepcionalmente, podrá participar la iniciativa privada en el servicio público de abastecimiento.
¿Cómo cambiar esta situación?
Según el Manifiesto citado, numerosas medidas, muchas de alcance administrativo, podrían ser tomadas para el cambio, sin implicar grandes gastos presupuestarios e iniciar un cambio profundo, pero se requieren medidas previas: que por fin se haga un inventario comprehensivo de las concesiones de agua y un estudio de usos y aprovechamientos del agua superficial y subterránea que se produce al margen de la ley.
Asimismo, hacer una auditoría de la gestión privada del agua y hacer cumplir la Ley Orgánica de los Recursos Hídricos, reconociendo la gestión comunitaria, habida cuenta de que, según el Censo Agrario, en Ecuador, el 37 % de las unidades de agricultura familiar campesina tiene acceso al riego, frente al 63 % de la agricultura empresarial y que la Ley de Aguas de 2014 reconoció el agua como un derecho humano fundamental, y rechazó la idea neoliberal de regulación por el mercado. (O)
