El lugar que ocupa la comunidad en la Constitución de 2008 y en la recientemente aprobada Ley de Economía Popular y Solidaria obliga a que este concepto sea discutido políticamente. La comunidad es un dispositivo político altamente sugerente para promover formas de organización opuestas al individualismo y a la competencia propias del capitalismo y el neoliberalismo. Pero las experiencias de la izquierda en la promoción e implementación de las comunidades han venido acompañadas de traumas históricos que de ningún modo pueden repetirse. Hay que recordar el costo social y político de las colectivizaciones forzosas que se implementaron en la extinta Unión Soviética o en países como Camboya. También en el reciente congreso del Partido Comunista de Cuba se evidenció que la falta de estímulo a la acción individual es uno de los factores que ha promovido el burocratismo, la inercia y la corrupción.
Actualmente en el país vivimos una paradoja: la promoción oficial de la comunidad en un momento en el que esta forma de organización atraviesa una de las crisis más importantes por el desplazamiento de los campesinos hacia las ciudades y por las transformaciones estructurales del espacio rural. En muchos casos la promoción de la comunidad ha estado respaldada por visiones románticas sobre los campesinos o indígenas que muchos conciben como comunitarios e igualitarios por naturaleza. También se atribuye a los sectores populares una tendencia natural a la solidaridad y al igualitarismo. Sin embargo, la historia está llena de ejemplos que muestran que muchas de las comunidades campesinas e indígenas han existido porque han sido útiles para consolidar las haciendas o los poderes locales. También en muchos casos las comunidades se han disuelto por razones internas, como el acaparamiento de la producción por grupos más poderosos, la incapacidad de acceder a créditos por ausencia de titulación individual o por el incumplimiento de acuerdos por negligencia y desidia.
La historia enseña que la comunidad es un dispositivo útil para crear formas de socialización horizontales y solidarias. Sin embargo, no es una forma de organización natural ni atribuible a ningún sector específico.
Más bien, la comunidad es una categoría política cuya vigencia solo puede respaldarse en una deliberación permanente por parte de los grupos que la practican y debe ser una experiencia que satisfaga las aspiraciones individuales y colectivas de quienes la conforman.
