La ruptura con el neoliberalismo y el FMI; por tanto, con las políticas económicas especulativas, los atracos bancarios y ‘paquetazos’, la búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento externo; junto a la recuperación del petróleo (87% para el Estado, frente al 13% de 2006) entregado a las transnacionales y las políticas de renegociación de la deuda externa leonina, el rediseño del presupuesto estatal para favorecer la inversión productiva y los programas sociales, alentaron el crecimiento económico a lo largo de 8 años (2007-2015).
Toda una etapa de fortalecimiento de la infraestructura económica y social, que junto a los avances del conocimiento, tecnología y reforma educativa, posibilitan ya cambios en la estructura productiva, para el desarrollo industrial múltiple, de la agroindustria y el turismo, relegando el ultradependiente modelo primario exportador.
Esta realidad se muestra en múltiples indicadores: crecimiento sostenido del PIB (3,9%) en 2007-2015, superior al promedio de América Latina (2,9%); aumento del ahorro público al 9,7% (promedio 2007-2015) frente al 5,9% del período 2000-2006 de la partidocracia; aumento en 300% de las recaudaciones tributarias y del gasto social por habitante, de $ 141 en 2006 a $ 575 en 2014.
Lo anterior se ha dado junto al mejoramiento de la vida social, reflejado en redistribución del ingreso; en efecto, aumentó del 31,6% al 37,3% el componente salarios, frente a la reducción del 35,6% al 30,2% de las utilidades, entre 2007 y 2014; reducción del 51,5% al 35% de la pobreza multidimensional entre 2009 y 2015, que beneficia a 1,9 millones de personas; reducción del desempleo desde el 6,3% en 2006 al 3,8% en 2014 (en 2015 aumentó al 4,77%), aumento de 1,5 a 3,2 millones de afiliados al IESS; y crecimiento sostenido de la capacidad adquisitiva de los salarios, que por primera vez permiten cubrir el costo de la canasta básica.
Todo en un marco de avances políticos, reflejados en 10 elecciones consecutivas ganadas por AP, incluidas 3 consultas, acción política firme que devolvió al Estado su soberanía y majestad, liberándolo del secuestro oligárquico, una Constitución democrática aprobada por el pueblo, que institucionalizó el país, reconoce y amplía derechos fundamentales; y la ejecución de una política internacional de paz y solidaridad, integración de beneficio mutuo, oposición a toda forma de neocolonialismo y dominación imperial.
Son logros innegables, solo interferidos en los últimos dos años por la baja del precio del petróleo, que afectó la liquidez de la economía; y por los duros efectos del terremoto, que obligó a la toma de medidas económicas para preservar la balanza comercial y la dolarización; y de solidaridad, para atender a la gente afectada y coadyuvar a la recuperación productiva.
Negar todo esto es -desde lo político, técnico y académico- deshonesto. Quienes lo hacen están, sin dudas, enceguecidos por su egoísmo, afiebrados por su obsesión de altas rentabilidades y de vuelta a sus privilegios; o son simples demagogos, traidores y obnubilados revanchistas.
Los viejos impuesteros, especuladores y entreguistas, que ahora dicen ‘defender’ a los pobres a través de sus ‘analistas’ y grandes medios, despotrican, mienten y desorientan; quieren, más allá de sus paraísos fiscales, volver al pasado, a sus planes de ajuste, a los gobiernos oligárquicos, que nos hundieron, no en una o varias ‘décadas perdidas’, sino en 30 o 40 años de atraso, empobrecimiento y emigraciones masivas, ignominia.
Más allá del informe del Gobierno, el período 2007-2016 es una innegable y contundente etapa histórica de cambios trascendentales, que hay que continuar con decisión y firmeza, con organización política, sin claudicar, sin una sola medida que afecte el carácter nacional y popular del modelo de Revolución Ciudadana. (O)
