La exigencia de los asambleístas, quienes han adoptado la modalidad que han denunciado sus asesores, de exigirles una parte de su sueldo a cambio del contrato o nombramiento, configura  el delito de extorsión, que se encuentra configurado, tipificado y sancionado con la pena privativa de libertad en el art. 185 del COIP que se debe aplicar a las personas que ejerciendo intimidación se aprovechan de otras para tener provecho personal.

Por tanto, el Fiscal debe aplicar esta norma para su encausamiento, al margen de lo que vaya a realizar la Asamblea, que como ya se ve, va a protegerlos, so pretexto de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. (O)

Gustavo Chiriboga Castro