A finales de agosto de 1975, se llevó a cabo el II Congreso Panamericano para el estudio de las minusvalías mentales, sensoriales y motrices. El país que acogió esta cita hemisférica, de carácter científico-técnico, fue Panamá, donde existían entidades con grados de formación profesional compatibles para una cobertura aceptable de su población con necesidades especiales de educación. Dada la peculiaridad de la problemática, el evento académico tuvo concurrencia importante de la mayoría de los países del continente; muchos de los pioneros de la enseñanza terapéutica en esta tierra estuvimos allí, y algunos de ellos continúan en esa brega sustancial.
Las fundamentales tesis sobre la habilitación y rehabilitación de personas con capacidades distintas se centraron en dos principios básicos de la asistencia psicopedagógica, social y vocacional del discapacitado. Uno es el principio de ‘normalización’, esgrimido esencialmente por especialistas de EE.UU. y de varios delegados latinoamericanos, como los destacados doctores Rafael Sajón y Eloísa de Lorenzo, del Uruguay, donde tenía sede el Instituto interamericano del Niño, un organismo de la OEA.
El otro es que el razonamiento argumental se sostenía en el precepto de la ‘integración para el sujeto disminuido en la educación común’, vertido por comisionados de otras repúblicas; empero, subyacía en la discusión un elemento que casi nadie reparaba: el papel del Estado en esta interacción social e instruccional, imprescindible frente a las altas cifras de grupos con disminución o déficit de sus capacidades intelectuales y físicas, y las dificultades de sus familias para poder encarar las complicaciones que implica sostener a un familiar irregular.
Algunas aisladas voces sosteníamos el deber de los gobiernos de enfrentar esta situación -casi siempre caótica para la constelación familiar- en forma integral, pero les pareció impracticable y, por tanto, no surgió en la declaración final del simposio ningún tipo de interés a ese respecto. A pesar de los esfuerzos de la presidenta del congreso, Bertha Torrijos, hermana del desaparecido líder panameño Omar Torrijos, por sustentarlo, se impuso el criterio de aquellos que ejercían el mayorazgo de la educación especial, en consecuencia, la atención al deficitario no podría ser cabal.
Han pasado 39 años de ese encuentro académico y Ecuador, en un ejemplo para América y el mundo, con su programa Manuela Espejo de atención total de las discapacidades, creado y guiado por Lenín Moreno, actualmente en la ONU, es el paradigma de que no hay imposibles.
La semana anterior, el ilustrado segundo mandatario de la nación, Jorge Glas, fue invitado a Montevideo para el lanzamiento del proyecto réplica del nuestro: ‘Uruguay sin barreras’, que solventa la cooperación Sur-Sur como demostración de transnacionalizar el saber ecuatoriano y que, como otras iniciativas, a nuestra patria la ubican en el orbe como referente de progreso y dignidad.