En los artículos anteriores demostré que el derecho social-laboral, así como la seguridad social, iniciados en Ecuador con la Revolución Juliana (1925), fueron precarizados entre 1984-2006, por la consolidación del modelo empresarial-neoliberal.
El nuevo ciclo histórico iniciado por el gobierno de Rafael Correa (2007), el proceso de la Asamblea Constituyente y la Constitución de 2008, acabaron con el modelo empresarial. Al mismo tiempo se reinstitucionalizó el Estado, sus funciones y su rol económico y social, con lo cual han mejorado, en forma inédita, las condiciones de vida y trabajo en el país. Estudios de NN.UU., Cepal e incluso del Banco Mundial comprueban esos resultados.
En el nuevo ciclo se recuperó el principio pro-operario y con ello la garantía de los derechos laborales, fueron suprimidos el trabajo por horas, el tercerizado y otras formas flexibilizadoras que los empresarios políticos todavía defendían. Además, subieron salarios y disminuyeron sustancialmente el desempleo, el subempleo y la concentración de la riqueza. La reciente Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar introduce el contrato indefinido, regula el desahucio a favor de los trabajadores, garantiza el sindicalismo, su democratización y vuelve ineficaz el despido de dirigentes y de trabajadoras embarazadas. Esta ley y otras normas legales anteriores impiden el reparto de utilidades mientras no se cubra el salario digno, hace responsables a las empresas vinculadas o de actividades complementarias, limitan las remuneraciones de gerentes y directivos en función del salario menor en la empresa, mensualizan el 13º y 14º sueldos. El único punto de polémica es la limitación al reparto de utilidades (15%), cuyo exceso se entregará al régimen de prestaciones solidarias.
En 2008 fue cancelada la deuda de $ 888’358.006,75 al IESS, pendiente desde 1985, ya que ninguno de los nueve gobiernos sucedidos lo hizo, pese a que existía la ley que obligaba al Estado a cubrir el 40% de las pensiones. En 2012 se canceló $ 1.556 millones adicionales. Y como la Constitución de 2008, por primera vez en la historia, dispone la seguridad social universal, han sido incorporados al sistema amplios sectores de la población y últimamente las trabajadoras del hogar. Entre 1950 y 2006 los afiliados a la seguridad social fluctuaron entre el 3% y el 12% de la población económicamente activa; hoy son casi 3,5 millones, o sea, cerca del 50%. En la consulta popular de 2011 se aprobó como ‘infracción penal’ la no afiliación de trabajadores al IESS. Pero los opositores auguran un futuro catastrófico porque la Ley de Justicia Laboral… suprime el aporte estatal del 40%, sin ver que, al mismo tiempo, se obliga al Estado a garantizar las pensiones.
No es cierto que los derechos laborales han sido conculcados; y los trabajadores no pueden engañarse con aquellos empresarios y políticos que supuestamente se conduelen por sus derechos y por la seguridad social que en el pasado inmediato no defendieron y que -incluso- quisieron arruinar. (O)
