Muchos analistas y medios viven en los tiempos del neoliberalismo de rapiña que los gobiernos de la partidocracia y el FMI impusieron. Nada les calza. No aceptan que el pueblo reiteró en forma ampliamente mayoritaria su adhesión a la Revolución Ciudadana.
Exigen asumir los viejos paquetazos de ajustes económicos antipopulares y recetas a favor del viejo poder oligárquico, chulqueros internacionales y especuladores de todo pelaje. Despotrican de las reformas tributarias, la ley antimonopolios, la forzada desvinculación de los medios y la banca con sectores productivos, las políticas de financiamiento externo, el diseño presupuestario, etc.
La crítica se comprende, ya que están siendo afectados poderosos intereses. Ya no hay salvatajes bancarios ni privatizaciones y se focalizan los subsidios a favor de los pobres.
Pero, ¿cuál es la verdad? Que en el país, por fin, se administra la economía conforme el interés del pueblo y la nación, defendiendo nuestros recursos, soberanía y la dignidad de los ecuatorianos. Veamos algunas pruebas.
Se renegoció la deuda con un ahorro de $ 7 mil millones; aumentó la recaudación tributaria y redujo la evasión; bajó sensiblemente el peso del servicio de la deuda y el endeudamiento público está muy por debajo de lo que permite la ley; el gasto social se incrementó y el financiamiento externo se orienta a proyectos de infraestructura productiva.
El presupuesto guarda razonable equilibrio entre lo productivo, social y costos financieros.
Tiene un crecimiento razonable y el déficit, producto de gastos e inversiones necesarios se financia, no como antes, más impuestos y tarifas contra el pueblo, más deuda para pagar deuda, etc., sino con crédito externo productivo, ajustes tributarios y tarifarios para los de altos ingresos; y controles tributarios, revisión de contratos petroleros, ahorro en las compras públicas, reducción del gasto innecesario.
Se debe destacar que en la pro forma de 2012 se aumentan los gastos para financiar la creación de 40.000 partidas de maestros, 4.000 de policías, 1.000 de jueces, y llegará al doble de lo de 2006 las asignaciones en favor de los municipios. Se reforzará más la vialidad, infraestructura eléctrica, petrolera; de salud, educación, justicia y seguridad. Los propósitos productivos y redistributivos son claros.
La repatriación del ahorro exigida a los banqueros, la diversificación geopolítica en las relaciones económicas, la integración en solidaridad, la construcción del Estado democrático y la economía solidaria cierran este marco de política económica justa, que merece la crítica de los de siempre.
