En pocos días se conmemorará un aniversario más de la Revolución del 9 de julio de 1925, cuyo ciclo histórico incluye 2 Juntas de Gobierno y la presidencia de Isidro Ayora (1926-1931).
Los gobiernos julianos iniciaron la superación del régimen oligárquico-terrateniente, que rigió al país desde su nacimiento como república en 1830. Le caracterizó la hegemonía estatal y despótica de un conjunto de familias concentradoras del poder económico en las haciendas, la agroexportación, el comercio, los bancos privados y una incipiente clase industrial que solo aparece a fines del siglo XIX.
Campesinos, montubios, indígenas y trabajadores en general tuvieron salarios miserables o carecieron de ellos; no existía legislación laboral, tampoco impuestos directos y redistributivos. La oligarquía gozaba de una libertad inigualable y acumulaba riqueza. Forjó así su mentalidad de clase dominante, de manera que cuando la Revolución Juliana por primera vez en la historia nacional impuso el intervencionismo económico del Estado, expidió modernas leyes laborales, dictó la progresista Constitución de 1929, introdujo la “función social” de la propiedad y, sobre todo, fiscalizó a los bancos, creó el Banco Central, institucionalizó el impuesto sobre las rentas e incluso otro sobre las ganancias del capital, la oligarquía estalló: acusó a los gobiernos julianos de “comunistas”, organizó en Guayaquil “guardias cívicas” para proteger la propiedad privada, inauguró marchas de crespones negros contra el “estatismo” y desplegó una campaña mediática inédita en la prensa bajo su control, para defender las libertades supuestamente conculcadas, los patrimonios familiares que el Estado quería supuestamente llevarse y hasta contra la Misión norteamericana Kemmerer, que llegó al país como asesora financiera.
Finalizado el ciclo de los gobiernos julianos, nuevamente esa misma oligarquía recuperó el poder. Pero no pudo desmontar completamente la nueva institucionalidad. Sin embargo, desde entonces y como en una sucesión de oleadas políticas, Ecuador procuró desmontar definitivamente las herencias del sistema oligárquico, como ocurrió con “La Gloriosa” revolución de 1944, y con los gobiernos “desarrollistas” de las décadas de 1960 y 1970 que lograron la modernización capitalista del país.
El avance del capitalismo y la sucesión de gobiernos constitucionales a partir de 1979 superaron el régimen oligárquico-terrateniente. Desde 2007 se logró instaurar un nuevo avance institucional con el progreso social más importante en la historia contemporánea. Sin embargo, también ha descubierto el predominio económico que ha alcanzado una burguesía-oligárquica, con igual mentalidad que la del pasado, pues no está interesada siquiera en la modernización nacional. Como lo han comprobado los últimos pronunciamientos de las cámaras de la producción, continúa con el rechazo al “estatismo”, no está dispuesta a la redistribución de la riqueza, defiende patrimonios familiares, rechaza impuestos y cree que hasta un capitalismo-social es perjudicial a sus intereses. (O)
