No es -no debiera ser- la declaración de un desavisado, ni la que se da en una mesa de café. Es la del Presidente de la República Argentina; pero es, a la vez y sorprendentemente, la de un desconocedor sobre esta cuestión crucial para el país del Sur en la segunda mitad del siglo XX. Dictadura y represión ilegal dejaron una impronta imborrable en la memoria de la nación rioplatense. Su actual mandatario, obviamente ajeno a lo que es sufrir represión o persecución política y al conocimiento de quienes las han sufrido, respondió irreflexivamente a una periodista mexicana.
Esa periodista, inmune a las genuflexiones y silencios cómplices de no pocos trabajadores de medios locales, preguntó sucintamente: “¿Fueron 30.000 los desaparecidos?”. La respuesta no pudo ser más insólita: “No tengo ni idea”. Eso dijo el jefe de Estado, aduciendo que no sabía si eran 30.000 o 9.000, pero en todo caso es mucha gente la que sufrió. Que sufrió, agregó, en esa “guerra sucia”, tomando prestado -quizá sin saberlo- uno de los nombres que la misma dictadura estableció para nominar su matanza.
Evidentemente, Macri no sabe de qué se trata. Sumido en el mundillo de un empresariado que vivió a costas de sus canonjías con el Estado y que nada tiene que ver con el espacio de perseguidos, torturados y desaparecidos, resbala cuando debe hablar del tema. Para él se trata de un espacio no transitado, y ello explica estas declaraciones muy por fuera de lo esperable desde su investidura presidencial. Algunos de sus mismos aliados de gobierno se han molestado con estas expresiones que ofenden la memoria de familiares de las víctimas, organismos de derechos humanos y buena parte de la población en general.
La declaración, de cualquier modo, no es azarosa: está en armonía con una política general donde un represor de la dictadura (Aldo Rico) desfiló en la fiesta de la Independencia, un simpatizante pronazi (Biondini) es recibido con su organización en Casa de Gobierno, hay disimuladas reuniones con Cecilia Pando (apóloga de la represión ilegal), muchos represores condenados están logrando prisiones domiciliarias, y los juicios en curso están ralentizados y perezosos.
La política de derechos humanos del anterior gobierno -que de algún modo continuara la de Raúl Alfonsín con su histórico juicio a las Juntas Militares de la dictadura- no ha sido desmantelada por el actual gobierno, pero sí se le está quitando intensidad y vigencia.
Las infortunadas declaraciones de Macri -repudiadas por no pocos organismos políticos y de derechos humanos- esperamos que no auguren retrocesos mayores para los próximos meses en este campo tan singular para la memoria y la sensibilidad de Argentina, y aun las de toda la región sudamericana. (O)
