La Constitución de Montecristi, aprobada en referéndum por el pueblo ecuatoriano, entró en vigencia el 20 de octubre de 2008. La Carta Magna, en su artículo 17, numeral 3, dispone: “El Estado no permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias”. El artículo 18 establece que todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: “Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior”.
Nos permitimos recordar la pregunta número 9 de la consulta popular realizada el 7 de mayo de 2011: “¿Está usted de acuerdo con que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expida una Ley de Comunicación que cree un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios, y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores?”.
Según datos oficiales del CNE, a esta pregunta respondieron ‘Sí’ 3’882.379 votantes, que representan el 44,964%. ‘No’ dijeron 3’630.263 votantes que representan el 42,044%. Los votos blancos fueron 667.397, equivalentes al 7,73%. Los votos nulos fueron 454.337, equivalentes al 5,262%. Con este resultado, el pueblo ordenó que se incorpore el texto de la pregunta a la normativa jurídica vigente en Ecuador. Sin embargo, persisten voces destempladas que sostienen que ‘está en peligro la libertad de expresión’.
En nuestro país, varios medios de comunicación privados crean una realidad virtual que no corresponde al mundo en que vivimos, sino al que ese sector construye de acuerdo a sus intereses. Estos medios -además- reproducen normas y valores que rigen en el sistema capitalista, bajo los cuales muchas personas se han desarrollado emocional y mentalmente, anulando la posibilidad de cambios.
A través de sus empleados, las élites criollas seguirán cuestionando a la Ley de Comunicación porque, entre otras cosas, establece la responsabilidad ulterior. Tampoco les agrada el Consejo de Regulación. No están de acuerdo con que se haga una fiscalización de las frecuencias entregadas a dedo y se realice la reversión al Estado. Les disgusta (y mucho) que existan medios públicos y comunitarios. Les disgusta pedir disculpas. Las minorías desobedientes se quejan ante su asociación e inmediatamente aparece el ‘respaldo’ de la SIP.
¿Los funcionarios de la SIP habrán leído la Constitución de la soberana República del Ecuador? ¿La sociedad de propietarios de los medios privados se habrá enterado de la decisión que el pueblo tomó el 7 de mayo de 2011?
En Ecuador gobiernan las mayorías y esas mayorías legislan a través de sus asambleístas elegidos en las urnas. Afortunadamente, hoy el soberano conoce muy bien quiénes forman parte del grupito de quejosos, retobados y desobedientes.
