Conversando hace pocos días con un amigo y excolega del sector público ecuatoriano mientras caminábamos por una calle de Londres, nos acordamos de muchas discusiones pasadas alrededor de las varias criticidades que permean el funcionamiento del Estado en Ecuador. Nos regresaron a la mente los miles de dolores de cabeza y contradicciones del sector, acompañadas por la incredulidad de que no parecería ser una prioridad solventarlas. Surgió así la idea de que, para este martes, podía referirme a un asunto concreto, aportando un insumo extremadamente práctico al debate sobre los aspectos que la Revolución Ciudadana debería abordar con una cierta urgencia.
Concordamos en que el sector público padece una perniciosa liquidez, pero no en el sentido de que hay un exceso de circulante, sino en una acepción parecida a la que Zygmunt Bauman le atribuye. Existe, en efecto, una continua fluctuación de funcionarios públicos de una institución a otra, un torbellino de movimientos que se registran a todo nivel y que no contribuyen de ninguna manera a la creación de la estabilidad necesaria para que el personal adquiera los conocimientos y la confianza necesarios y los pueda emplear a lo largo del tiempo, beneficiando de manera duradera a las instituciones. En este sentido, existe la pésima costumbre de que el movimiento de un funcionario de un cierto nivel es acompañado por la transferencia de un entero ejército de empleados, y no de un grupo chiquito de personas. Entiendo que la confianza es un elemento importante en la política, pero así se abdica a la creación de una burocracia weberiana calificada e imparcial, y se promueve la figura de ‘todólogos en perpetuo movimiento’, que de todo saben, pero muy poco. Las consecuencias de largo plazo no son difíciles de imaginar. Supongamos que en un momento se concluya la experiencia de la Revolución Ciudadana. El reto sería dejar a los sucesores una burocracia dispuesta a colaborar con un proyecto político de otro color, pero preparada y, sobre todo, férrea en el respeto de la Constitución de Montecristi.
Por el otro lado existen también rigideces igualmente dañinas. Destacan la falta de una verdadera carrera burocrática en la mayoría de las instituciones y las misérrimas remuneraciones para los puestos de nómina. En poquísimos años, una persona puede escalar los pocos niveles administrativos existentes y alcanzar un sueldo que no representa incentivo alguno para la permanencia en el puesto. Si bien no soy hincha del argumento liberal de los incentivos -ya que normalmente se aplica a banqueros suficientemente acomodados-, en este caso la probabilidad de que un funcionario sea atraído por otros sectores o entre en la lógica fluida de las designaciones políticas es muy alta. Otro tema a considerarse en esta línea es el excesivo burocratismo para emprender cualquier acción, reflejo de la cultura jurídica latina, particularmente sofisticada y farragosa. Un papeleo interminable es necesario hasta para el más sencillo de los trámites. Las contrataciones, especialmente de las consultorías, suelen ser inmotivadamente largas, requiriendo, con gran regocijo de los notarios, de documentos innecesarios.
¿Cómo leer el fresco nombramiento de un nuevo Ministro de Relaciones Laborales? Carlos Marx Carrasco representa un necesario giro a la izquierda en esta área, proveyendo una oportunidad para la solución de las trabas que afligen el sector público y la consolidación del eje del trabajo digno en el marco del Buen Vivir.