La SIP atacó hace poco tiempo las políticas de comunicación del Ecuador. Al margen de que las reglas, leyes e instituciones que rigen y regulan la comunicación en ese país han surgido de las autoridades legítimas elegidas por la población en elecciones irreprochables, los enunciadores mismos de este ataque hacen implausible su denuncia contra el Estado ecuatoriano.
Porque, al margen de lo que se discuta sobre la comunicación en Ecuador, está claro que no es la Sociedad Interamericana de Prensa la que pueda ponerse en situación de juzgar lo que ocurre en ninguno de los países latinoamericanos.
¿Se acuerdan qué era de nuestro subcontinente en la década del sesenta cuando la Alianza para el Progreso, o en la del setenta con las dictaduras de seguridad nacional? Éramos, por entonces, países súbditos de las políticas del imperio del Norte.
Desde allí determinaban gobiernos y golpes de Estado. Instalaban sus multinacionales permanentemente por todos y cada uno de nuestros países. Entrenaban a nuestras Fuerzas Armadas y de seguridad en sus sitios de adiestramiento en Panamá o el Sur de los Estados Unidos. Dictaban abiertamente nuestras políticas en lo exterior y -a menudo- en lo interno, y nos ponían en dependencia permanente del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
Dentro de esos dispositivos puede ubicarse a la Sociedad Interamericana de Prensa: totalmente plegada a los intereses del gran capital y de Estados Unidos, representa un club de grandes propietarios de medios. No expresa a los periodistas -que son sus empleados- ni a la opinión pública, que es hacia donde ellos se dirigen, pero no desde donde ellos abrevan. Y su entendimiento de la libertad de expresión como libertad para unos pocos dueños de grandes medios, no diferencia a sus propios intereses singulares y mezquinos de los intereses mayoritarios de libertad de opinión para las grandes mayorías sociales, aquí por completo ausentes.
Por ello, si la SIP ataca a algún gobierno, es de inferir que algo positivo este debe haber hecho en favor de su pueblo. O, en todo caso, si alguna crítica pudiera hacerse a las políticas comunicativas actuales del Ecuador, seguramente no será aquella que surja de lo que dice la SIP. Esta jamás ha defendido la apertura del mercado de los medios para que se abra a la pluralidad y lo multifacético; ha hecho todo lo contrario.
En todo caso, no la vimos en primera línea de lucha cuando dictaduras asolaban nuestros países, cuando solo en Argentina se había asesinado casi a 100 periodistas... torpemente, tamañas dictaduras no fueron afectadas por ataques de la SIP, pero a los gobiernos populares actuales pretende presentarlos como si tales gobiernos -que están en las antípodas de aquellos gobiernos violentos- fueran ellos mismos dictaduras.
Como se advierte, una inversión absoluta de los valores democráticos, y de la evaluación que nuestros pueblos hacen -vía elecciones- de lo que son sus actuales gobiernos.