No hemos trascendido de la idea enciclopedista del castigo ni de las manifestaciones medievales del suplicio, como solución a los problemas sociales. En nuestro país, donde la Constitución considera a las adicciones como un “problema de salud pública” y prohíbe la criminalización de los consumidores, se está debatiendo el Proyecto de Ley Orgánica de Prevención de Drogas, y todo apunta a un incremento a las sanciones al microtráfico. Esto en el mismo ciclo de gobierno de un mandatario que aprobó una ley de indultos y amnistías para las personas encarceladas por traficar hasta 2 kilos de drogas.
El Presidente ahora dice que la normativa vigente, resumida en una tabla emitida por el Consep donde se establecen las cantidades de droga que se permiten portar para el consumo individual, es un error. “He pedido que esa tabla sea más estricta (…) para tener tolerancia cero en las drogas que dañan a nuestros hijos, otra cosa es la marihuana”.
Aquí se están confundiendo los conceptos.
Es decir, se está valorando, por un lado, la cantidad de daño que cada droga puede generar en su consumidor, y por el otro, el daño social que el tráfico de drogas causa. Y se pretende solucionar lo segundo, atacando lo primero, utilizando una fórmula antigua donde, efectivamente, se criminaliza al consumidor. Con el agravante de que, si el efecto deseado de detener el microtráfico se materializa, terminas por criminalizar la pobreza.
Se criminaliza el consumidor porque no hay una distinción entre el portador y el comercializador. En la práctica, frente a un policía, el consumidor con un gramo de cocaína y el comercializador con un gramo de cocaína son indiferenciables. Los dos irán ante un juez. Los dos tendrán la carga de la prueba, y los dos irán a la cárcel. Es decir, a nuestro congestionado sistema penal y judicial se lo abarrotará de gente, mucha de la cual no será ni el objetivo de ley ni culpable.
Y luego está la criminalización de la pobreza. El microtraficante lo será, así la pena sea la cadena perpetua. Porque al final asumimos que el microtraficante está pendiente de legislación y, más aún, que el microtraficante está en una posición donde el costo de ir a la cárcel, cualquiera que este sea, es mayor que el costo de no traficar. Es decir, asumimos que el microtraficante decide tomar esa decisión a pesar de otras alternativas de supervivencia, cuando muchas veces es la única.
Lo que se está proponiendo es perpetuar un modelo con el cual no se detiene a los grandes traficantes o productores, sino que se criminaliza a las víctimas del tráfico de drogas, y se estigmatiza arbitrariamente a los consumidores. Estados Unidos le declaró la guerra a las drogas, criminalizó a 190 millones de consumidores, invirtió $ 600 mil millones, y vio a esta industria globalizarse. La legalización de la marihuana en Colorado llevó a recaudaciones fiscales históricas y disminución de delitos. Mejor aún el enfoque marxista, donde se le quita el valor de cambio a las drogas, se fomenta el autocultivo y se recibe gratuitamente el producto como parte de una atención integral donde se termina abordando a las drogas únicamente como un problema de salud pública. Le funcionó a Portugal.
Pero no, nuestra solución es el castigo y el suplicio. Somos un estudio de caso foucaultiano. (O)
