No solo en Ecuador los medios privados son la principal oposición política; ocurre también en Argentina. A pesar de una ejemplar Ley de Servicios Audiovisuales, poco ha podido hacerse hasta hoy por desconcentrar la propiedad de los grandes medios, dada la demora judicial que por años impidió el cumplimiento de dicha ley.
Siendo así, el alcalde de Buenos Aires (hombre de derecha y opositor al Gobierno) Mauricio Macri está procesado nada menos que por participar de la organización de escuchas telefónicas ilegales hacia adversarios políticos. Nadie lo sabe: el manto de silencio mediático al respecto es compacto y denso, no hay un solo titular sobre el tema, ni una sola portada de diario dedicada a la cuestión.
En flagrante contraste, la imputación al vicepresidente por una supuesta irregularidad respecto de una empresa contratista del Estado, debe llevar unas 500 tapas, si sumamos las de diarios de todo el país.
La asimetría es burda y total, pero poco importa, porque no la advierte la mayoría de la población, sometida al bombardeo gráfico y televisivo que apunta contra la supuesta corrupción en relación al actual Gobierno. Un gobierno que lleva más años que el de Carlos Menem en la administración, y que tiene un caso judicial por cada 10 o 20 de aquellos develados por la prensa en tiempos menemistas, de los cuales, solo gracias al actual Gobierno, algunos han sido ventilados en la justicia, como es el procesamiento de la ultraliberal María Julia Alsogaray.
Ahora los medios protegen al juez de la causa, quien tiene la rarísima conducta de llamar al Vicepresidente a declarar justo para una fecha en que estará a cargo de la Presidencia. Las sospechas levantadas por el comportamiento del juez son tergiversadas por los medios dominantes, que las presentan como una arbitraria persecución del Gobierno hacia la justicia en general (justicia que ha sido enormemente mejorada en su accionar desde la administración de Néstor Kirchner, cuando se tomó el largo trabajo de restablecer la composición de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo en ella nombres prestigiados e irreprochables).
Ahora, desde el grupo mediático mayoritario en Argentina, se pone al periodista -si aún le cabe esa denominación- Jorge Lanata a proferir insultos y amenazas a los jueces de la Cámara Federal, la cual podría haber decidido remover al cuestionado juez de la causa. Por si acaso, la TV argentina sirve de herramienta para una coacción pública contra los jueces, no vaya a ser que decidan sancionar la sospechosa conducta del juez Ariel Lijo, quien ya había hecho superponer la publicitación del llamado judicial al Vicepresidente, con el importantísimo acuerdo del Gobierno con el Club de París, otra ‘coincidencia’ francamente notable.
Los medios son el primer poder en la Argentina, desplazando por completo al Legislativo o el Judicial en su peso propio, compitiendo mano a mano con el legítimo poder que corresponde al gobierno elegido por la ciudadanía. Nadie los eligió, pero allí están, incidiendo abiertamente sobre el comportamiento judicial, en casos de obvia importancia desde el punto de vista político, y en el más absoluto abandono de la independencia, objetividad y seriedad informativa a las que suelen aludir cuando se ven cuestionados por su abierta parcialidad, disfrazada siempre tras una pátina de neutralidad que es hoy trabajosamente fingida. La cual, por cierto, se pierde por completo cuando sus periodistas insultan por TV a los funcionarios de la justicia nacional y los amenazan públicamente, llamando a que se los ataque por la calle, e incluso a que sus hijos sean interpelados y atacados en las escuelas a las que concurren.