Parecía, con una larga negociación realizada durante la tarde del lunes y todo el día martes últimos, que podía llegarse a algún acuerdo momentáneo entre el Gobierno argentino y los ‘fondos buitre’: la idea era obtener un stay que dejara en suspenso las medidas judiciales hasta comienzos de 2015. Para esa fecha ya no tendría peso la cláusula que hace que Argentina deba pagar con igual monto a todos los bonistas, y ello permitiría discutir el precio de los bonos comprados por los buitres, sin la presión de que ese precio deba darse para el resto de los bonistas (los que son el 99% del total; los buitres han comprado solo el 1% de esos bonos).
La situación es compleja. Argentina ha pagado a más del 90% de los bonistas a un precio acordado, que es el 35% del valor inicial. Los buitres piden el 100% de ese valor, y ello implica unos 1.500 millones de dólares. Argentina puede pagarlos, pero eso dispara tener que pagar igual a todo el resto, y ello elevaría la deuda a unos 120 mil millones de dólares, una cifra que hundiría sin remedio al país.
No hay la mejor justicia en la pretensión de los fondos especulativos, de que se les pague a valor nominal de los bonos. Ellos los compraron a precio totalmente devaluado, cuando Argentina estaba en default. Aun si se les pagara apenas el 35% del valor nominal estarían ganando enormes cantidades, sin haber hecho trabajo ni esfuerzo algunos (ni haber prestado nunca dinero a la Argentina).
Lo cierto es que el juez Griesa ha actuado coherentemente en favor de los especuladores, casi sin grietas ni desvíos. Los únicos, son los que lo mostraron en una audiencia confundido e ignorante de los detalles de los bonos, los bancos y los países que están en juego en las decisiones que él mismo ha tomado.
Con base en lo expuesto, se ha pretendido llevar a Argentina a un default, a una situación de no pago. Pero Argentina ya ha pagado a los bonistas de la deuda reestructurada, depositando el dinero en bancos neoyorquinos; solo que el juez impide que los bonistas puedan cobrar ese dinero que les pertenece. No hay default, pero muchos pretenden que lo hay, a fines de obligar al Gobierno argentino a pagar a los ‘fondos buitre’ el precio que estos quieren.
Es que la posición del Gobierno argentino es hoy un ‘mal ejemplo’ para las finanzas del Norte y sus muchos acólitos locales, en Latinoamérica y especialmente en la misma Argentina. Con una política celosamente dedicada a cuidar los intereses de los argentinos, está poniendo límites a la voracidad de lo peor del capitalismo internacional. Con enorme firmeza y contra los intereses minoritarios de dentro y fuera de ese país, Cristina Fernández de Kirchner ha puesto coto a la codicia desatada.
Pasado el pretendido día D, cuando se terminaba el plazo otorgado por el juez, Argentina no cedió, y por ello no ha acordado con los buitres. Si hubiera acordado en los términos que ellos piden, el país habría quedado en una situación de endeudamiento definitivo e ilevantable. Al no haberlo hecho, la batalla continúa, en la incertidumbre de un espacio aún no suficientemente cubierto por la jurisprudencia internacional.