Ocho años de diálogos, discusiones y debates concluyeron con un veto total del Ejecutivo, bajo el argumento de que el texto contenía muchas imprecisiones, definiciones erróneas y no actualizadas. Una decisión que de inmediato generó respaldos y críticas.

Luis Cabrera, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana considera que el tiempo trascurrido no necesariamente iba a garantizar una normativa de calidad.

Para el arzobispo de Guayaquil queda abierta la posibilidad de seguir debatiendo los artículos con imprecisiones “no solo desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista jurídico, ético y otros argumentos incluso filosóficos donde ya hay concepciones de la vida y la sociedad”.

Pedro Barreiro Chancay, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, a título personal, se suma a quienes concuerdan con el veto total. La mayoría de los 405 artículos, dijo, están mal redactados y se prestan a malinterpretaciones; a su criterio los instrumentos legales “requieren tener mínimos componentes de perfección, de entendimiento, de respeto a la sintaxis, al idioma, a fin de que quienes los usen no estén sujetos al riesgo de cometer ambigüedades en su interpretación”. 

Hizo referencia particularmente a los artículos relacionados con la integración del Sistema Nacional de Salud, que según aseveró, no definen claramente quién es la autoridad sanitaria; cuando la Ley General de Salud ya puntualizaba claramente qué es el Ministerio de Salud Pública.

Otro error advertido por el galeno es que la normativa atribuye a la autoridad sanitaria la distribución de los recursos de las entidades que forman parte de ese sistema, que incluye a la seguridad social. “Olvida que el artículo 373 de la Constitución de la República establece que los fondos y el patrimonio del IESS son intocables, ninguna institución del Estado puede intervenir en ellos porque pertenece a los trabajadores, a los jubilados y a los afiliados”, puntualizó.

Para la Asambleísta Wilma Andrade, el veto pudo ser parcial y de esta forma se hubiera respondido a las necesidades de muchos sectores. “El COS determinaba que no era necesario para la atención de emergencias en el sistema de salud privado una garantía previa, ese era un avance importante. Igualmente regulaba los tratamientos alternativos como el cannabis para uso medicinal”, ejemplificó la legisladora. 

Con el veto total ni esta Asamblea ni el actual Gobierno volverán a topar el tema. La responsabilidad de debatir y construir el Código de Salud será de las nuevas autoridades que salgan de los comicios de febrero de 2021. (I)