El daño colateral es un eufemismo usado por diversas fuerzas armadas para referirse a la afectación no intencional o accidental producto de una operación militar, pero que perjudica a personas,  construcciones o equipos.

Es una expresión más suave o decorosa con que se sustituye otra considerada de mal gusto, grosera o muy franca.

Daño colateral, sin intención de afectar, se comete también en el periodismo, pero no por fruto del uso de armas en una acción militar, sino por la falta de rigor al momento de escribir una noticia en una sala de redacción.

Daño colateral causó la noticia publicada en la página 6 del lunes, titulada “Desde hoy entregan las pruebas para el juicio político contra Jalkh”.

Allí, el periodista señala que los miembros del Consejo de la Judicatura (CJ) y los asambleístas proponentes del juicio político a las máximas autoridades del organismo judicial tendrían 15 días para presentar las pruebas de cargo y descargo del proceso.

El daño no intencional se produce cuando en el tercer párrafo afirma que “Gustavo Jalkh, titular de la Judicatura, junto con los vocales Tania Arias Manzano, Paulo Rodríguez, Ana Karina Peralta y Néstor Arbito, son acusados de injerencia en la justicia y de incumplimiento de sus funciones al irrespetar los debidos procesos para el nombramiento de las autoridades del sector”.

El periodista no se enteró ni averiguó que Tania Lisbeth Arias Manzano ya no es vocal del Consejo de la Judicatura desde febrero de 2015; o sea, desde hace tres años y tres meses. Mientras que Héctor Paulo Rodríguez dejó el cargo en enero de 2013.

Solo dos minutos toma verificar en la web del CJ quiénes son sus integrantes y ese “sacrificio” no lo hizo el periodista. Allí, con foto incluida, dice que las autoridades son: Gustavo Jalkh, presidente; y los vocales Néstor Arbito; Ana Karina Peralta; Rosa Elena Jiménez Vanegas y Alejandro Subía. Total, cinco personas.

El daño colateral de ese error hizo que el CJ nos remita una carta de rectificación, que se publicó en la página 6 del martes.

Vale precisar que esa afectación no intencional, por una información errónea, afecta a las personas naturales o jurídicas aludidas, al lector y al buen periodismo. (O)

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Defensoría de las Audiencias, artículo 73 de la Ley de Comunicación.