Según el secretario Anticorrupción, Iván Granda, la organización financió -con apoyo de Venezuela- al grupo de veedores que defendieron al expresidente en el caso judicial por el secuestro del activista político Fernando Balda.

La investigación será por el delito de peculado, al haberse utilizado recursos del Estado en el secuestro de Fernando Balda. Pablo Romero es el acusado.

La Mesa por la Justicia y la Verdad concluyó el análisis de 247 casos documentados que se registraron en el gobierno del expresidente, en el que estarían inmersos al menos 495 jueces.

De los 43 aspirantes al Consejo de Participación Ciudadana, al menos seis tienen el “apoyo” del exmandatario, otros siete ocuparon cargos en su gobierno. Analistas lamentan dicha cercanía.