A diferencia de otros países de Sudamérica o incluso Estados Unidos, Ecuador no somete a un control político a los nueve integrantes de la Corte Constitucional, el máximo organismo de administración de justicia constitucional.

Mientras en la mayoría de naciones del continente los jueces constitucionales pueden ser removidos por instancias políticas, en Ecuador solo la Corte Constitucional decide sobre su propia continuidad.

A través de un comunicado, la Asamblea Nacional solicitó a la Corte Constitucional el diferimiento de la audiencia que tratará la constitucionalidad de la Ley de Integridad Pública.

El presidente Daniel Noboa remitió cuatro preguntas a la Corte Constitucional del Ecuador relacionadas al trabajo por horas en el sector turístico, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la reducción del número de asambleístas y el control a los jueces constitucionales.

El organismo declaró inconstitucional la norma del COIP que impedía sustituir la prisión preventiva en casos de reincidencia, dejando la decisión en manos de los jueces.

La Agencia Metropolitana de Tránsito informó sobre cierres viales en el norte de Quito por la marcha pacífica hacia la Corte Constitucional.

Grupos de ciudadanos concentrados en la avenida Patria, en el norte de Quito, colocaron pancartas y afiches contra nueve jueces constitucionales que suspendieron temporalmente la aplicación de varios artículos de las leyes de Integridad, Inteligencia y Solidaridad.

Asambleístas de la bancada oficialista solicitaron una licencia sin sueldo, para asistir a la marcha que convocó el presidente Daniel Noboa para este martes.

El ministro del Interior, John Reimberg cuestionó un documental de la cadena CNN por presentar a Ecuador como la ‘autopista del narco’, a esta se sumaron otras críticas por parte de las autoridades.

Defensa de la democracia y lucha contra el terrorismo fueron los ejes del discurso del presidente Daniel Noboa en el acto por los 216 años del Primer Grito de Independencia, en el que también promovió la Consulta Popular y cuestionó los fallos de la Corte Constitucional.