Este martes 10 de junio de 2025 entró oficialmente en el Registro Oficial, la Ley de Solidaridad Nacional.

Con 77 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia, con respaldo de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional, un sector de Pachakutik y legisladores independientes.

Seis legisladores del movimiento Pachakutik rompieron con la línea de su dirigencia nacional y votaron a favor de la Ley de Solidaridad Nacional, desafiando amenazas de expulsión. El asambleísta José Nango lideró la postura y defendió su apoyo como un acto de responsabilidad ante la crisis de violencia que vive el país.

Con 84 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley de Solidaridad Nacional, una iniciativa enviada con carácter urgente por el presidente Daniel Noboa para enfrentar al crimen organizado y recuperar las zonas afectadas por la violencia en el país.

Con 10 votos a favor, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Solidaridad Nacional, calificado como urgente en materia económica.

Una moción para cambiar el orden del día y revocar la terna enviada al Consejo de la Judicatura provocó una serie de roces en el Legislativo, que incluyó un intento de apelar la presidencia de Niels Olsen.

Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, confirmó que se multará a los legisladores que se atrasaron o llegaron tarde a la sesión 007 del Pleno.

El Pleno de la Asamblea Nacional tratará este martes 3 de junio de 2025 la reforma constitucional para permitir la presencia de bases militares extranjeras en el territorio nacional.

A partir del 1 de junio, los asambleístas que lleguen tarde o no asistan a las sesiones del Pleno enfrentarán sanciones económicas de hasta USD 158,63, según una nueva disposición emitida por el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen.

La Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de Ley de Solidaridad Nacional, una propuesta del Ejecutivo con carácter urgente en materia económica, que busca desmantelar las finanzas del crimen organizado, fortalecer a las fuerzas del orden y promover la reactivación económica en las zonas más golpeadas por la violencia.