Los recursos que se supone debieron destinarse solo a la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas tras el sismo del 16 de abril de 2016 son objeto de polémica. Cuatro entes del Estado son examinados por la Contraloría y la Secretaría de Transparencia del Consejo de Participación, la cual solicitará a la Fiscalía una investigación en firme.