Por pedido fiscal, así como de la Contraloría y Procuraduría, la Judicatura analiza la conducta de los jueces que dispusieron la libertad del exfuncionario.

Asegura que en las filas de la institución no tendrá las mismas garantías que los civiles. Lo acusan de presuntos nexos con organizaciones de microtraficantes.

Los expedientes represados sirven como medio de diagnóstico de la sociedad: dónde y por qué ocurrió.