El asambleísta Sergio Peña confirmó que fue él quien entregó a Jhajaira Urresta los chats ofensivos de Luisa González y criticó a la dirigencia de la Revolución Ciudadana por encubrir un caso de presunta violación dentro del bloque.

La legisladora Nataly Morillo cuestionó al correísmo por su falta de "acciones concretas" contra el asambleísta Santiago D., investigado por presunta violación e impulsor de un controvertido proyecto para establecer la edad mínima del consentimiento sexual en 14 años.

Con 80 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas, enviada con carácter económico urgente por el Ejecutivo.

A casi tres meses de las derrota electoral de Luisa González, el correísmo ha mostrado sus costuras con disputas internas, divisiones y enfrentamientos entre sus propios miembros.

Un juez nacional sentenció a Bella J. a 12 meses de prisión por solicitar "diezmos" a cambio de cargos públicos cuando se desempeñaba como asambleísta en 2021.

Jhajaira Urresta anunció su salida de la Revolución Ciudadana y se declaró asambleísta independiente, tras denunciar que fue agredida verbalmente por Luisa González, quien presuntamente se refirió a ella como “tuerta de mierda” en un chat.

“No vamos a permitir que usen las leyes para resolver problemas personales”, advirtió la vicepresidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, al cuestionar a los legisladores correístas que respaldaron el proyecto de Santiago D., investigado por presunta violación y promotor de una reforma para reducir la edad de consentimiento sexual.

La bancada de ADN expresó su rechazo al proyecto presentado por el legislador correísta investigado por presunta violación, Santiago D., para rebajar la edad de consentimiento sexual a los 14 años.

El legislador Santiago D., investigado por presunta agresión sexual contra una menor de edad, presentó un controvertido proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que incluye reformar la edad consentimiento sexual hasta los 14 años.

La Fiscalía ejecutó tres allanamientos en Quito dentro del caso de presunta violación que involucra al asambleísta Santiago D., quien fue expulsado de la bancada correísta y enfrenta una denuncia por una supuesta agresión sexual contra una menor de edad.