El director del SNAI estimó que para el próximo año se requieren $ 117 millones. Serán empleados para infraestructura, alimentación y seguridad.

Los postulantes deberán superar pruebas de confianza que incluyen exámenes toxicológicos y psicológicos, análisis socioeconómico y el polígrafo.

Como parte del vigente estado de excepción dentro del sistema carcelario, los líderes de las bandas que operan en las prisiones serán trasladados.

A los funcionarios no les pagan horas extras desde marzo. En planes está crear una escuela de formación penitenciaria para los 1.520 trabajadores.

El Estado invierte $ 18 diarios por cada persona privada de la libertad, en alimentación, estadía, servicios básicos, entre otros gastos. En el país, la población carcelaria es de 40.072, cuando hace seis años era de 16.000.