El proceso penal no fue observado y no se determinó ninguna violación; por tanto, el trámite de extradición para la ejecución de la condena contra los exdueños de Filanbanco debe continuar.

La normativa ratifica la validez legal de la incautación de los bienes de los exaccionistas y exadministradores de Filanbanco para devolver el dinero al Estado y a los ecuatorianos perjudicados.

Según la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, los procesos de incautación cumplieron con la garantía al debido proceso. Por esta razón el Comité no ordenó la restitución de bienes ni pago de indemnización.