La Fiscalía halló en la computadora del consorcio registros y pagos a funcionarios públicos, entre ellos al asambleísta Daniel Mendoza, además de escuchas telefónicas donde supuestamente acordaban entregas de dinero.

Hasta la fecha hay 15 procesados, tres de ellos tienen medidas cautelares sustitutivas. El delito del que les acusa Fiscalía es delincuencia organizada.