Los representantes de la Función Ejecutiva, Judicial y el sector civil se unieron para crear un acuerdo que impulse una atención efectiva a las víctimas de violencia.

Antes de ser cerrada la entidad deberá concluir los proyectos que tiene en marcha. De las 22 empresas públicas de la Función Ejecutiva quedarán 15. El propósito es que sean rentables e inyecten recursos al Estado.

El presidente de la República, Rafael Correa, manifestó que gracias a una adecuada coordinación con la Asamblea la normativa, aprobada el jueves, pasaría sin modificaciones de su parte.