Conflictos mineros, un tema pendiente en Perú
El próximo presidente de Perú, que será elegido este domingo, deberá resolver históricas demandas sociales y ambientales de comunidades andinas que se oponen a la minería en sus territorios, si es que pretende reactivar proyectos clave que impulsen el crecimiento económico.
En los últimos años, especialmente a partir de 2011, bajo la gestión del presidente Ollanta Humala -que dejará el poder el 28 de julio- se ha paralizado o retrasado una decena de proyectos mineros, con inversiones por $ 21.500 millones, según un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE).
En su mayoría, son de extracción de cobre, oro y plata, minerales de los cuales Perú es uno de los 10 mayores productores mundiales. Y la minería es un sector que representa casi el 10% de su PIB.
El proyecto ‘Conga’ en Cajamarca (norte) -de Newmont y la local Buenaventura- y el ‘Tía María’ en Arequipa (sur) -de Southern Copper- son dos casos emblemáticos, donde hubo enfrentamientos con la Policía y civiles muertos.
Las comunidades se oponen a esas iniciativas porque temen daños a sus cultivos y sus aguas, sobre todo por la minería en cabecera de cuenca, allí donde los ríos nacen, en este caso en los Andes, y donde abundan los minerales.
Keiko Fujimori, favorita para ganar las elecciones presidenciales, y su rival Pedro Pablo Kuczynski, son ambos favorables a la inversión minera, bien vistos por los mercados, aunque no tanto por los dirigentes campesinos.
“De ambos candidatos no esperamos nada, en la medida que ellos son defensores del modelo”, dijo el presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, Wilfredo Saavedra.
“Quien vaya a gobernar el país tendrá que respetar la voluntad popular. No a la minería en cabecera de cuenca, no a la minería extractivista a cielo abierto y la protección del ecosistema”.
Según la Defensoría del Pueblo, a abril de 2016, de 145 conflictos socioambientales registrados, 91 están relacionados al sector minero. Y suman 69 los muertos en protestas desde 2011.
Liderazgo y atención a demandas
Para el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Carlos Gálvez: “El nuevo gobernante debe mostrar liderazgo para convencer a la población de la necesidad de ir adelante con proyectos mineros que aseguren un financiamiento para el crecimiento del país y reducir la pobreza”.
Pero, para que ello ocurra, “el Estado tiene que hacer partícipe a la población de los beneficios que el país recibe (...). Gran parte de la minería se da sobre los 3.000 metros de altura, allí donde no llega el Estado. No hay una visión clara y creen que el tema lo resuelven solo las empresas”, agregó Gálvez.
El dirigente critica que hay un “doble estándar”, según el cual “no se permite que las operaciones legales con todos los cuidados ambientales se desarrollen, mientras que hay una población importante dedicada a la minería ilegal en áreas no permitidas”.
La minería ilegal ha depredado la Amazonía y contaminado con mercurio a poblaciones, alimentos y animales. El Gobierno actual la ha combatido con fiereza, destruyendo maquinarias, aunque Fujimori y Kuczynski evalúan medidas para estimular su formalización.
Propuestas para el sector
Según explicó el candidato a la vicepresidencia de Kuczynksi, Martín Vizcarra, no es posible llegar con un proyecto minero y una megainversión a un pueblo al que no se le han resuelto sus demandas, como el acceso a servicios básicos, pues eso genera indignación en la ciudadanía.
Para ello plantean el adelanto social. “Abrir una línea en el presupuesto para hacer todas las obras que se necesitan en las zonas con proyectos (mineros) de gran impacto”, dijo a la prensa el economista Alfredo Thorne, miembro del equipo.
La agrupación de Fujimori, por su parte, asegura que dará un trato personalizado a cada proyecto, haciendo que el Estado sea un aliado en la mejora de las comunidades aledañas y supervisando el respeto al medio ambiente.
Además, Keiko Fujimori firmó un compromiso con la Central Nacional de Mineros del Perú a finales de abril de que derogaría los decretos 1.100 y 1.105 e iniciaría un nuevo proceso de formalización de la actividad.
Para el sociólogo especializado, Lenin Valencia, el problema radica en la falta de políticas de ordenamiento territorial, que deriva en “superposición de concesiones mineras y forestales, y eso es la misma política del Estado de no tener un proceso lógico de otorgamiento de concesiones”.
“En una zona que se considera la capital de la biodiversidad peruana, se necesita estimular la forestación para retraer la minería”, manifestó Valencia. (I)
