La desigualdad es la nueva denuncia de los manifestantes. El presidente anunció que suspendería el alza del pasaje, pero no frenan las protestas.

Los dirigentes del transporte urbano exigen que se incremente la tarifa porque ya no es rentable. Se quejan de que los costos de mantenimiento e insumos subieron. También niegan que haya monopolio en las unidades. Los choferes de buses, en cambio, denuncian que no tienen acceso a la seguridad social ni al pago de horas extras.

En la capital azuaya funcionan 475 unidades y los choferes tienen 21 meses para cambiar la totalidad de estas, un requisito para la elevación del pasaje.

El Cabildo obtendría $ 13 millones adicionales al año. La medida consta en la proforma presupuestaria de 2018 y genera dudas entre los integrantes del Concejo.

El Alcalde de Quito planea incluir elementos en la ordenanza sobre tarifas como la inmediatez de la suspensión de permisos en caso de paralizaciones.