Empresarios radiales coinciden en señalar que el artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación los ha perjudicado desde hace cinco años, pues los llevó a cambiar su programación para cumplir la obligación y no los requerimientos y gustos de las audiencias. Los intérpretes, por su parte, cuestionan la falta de una verdadera normativa.

Para el comisionado de la CIDH, el Estado no puede decidir cómo ejercer el derecho a buscar, procesar y difundir información porque es censura previa.