El organismo analizó los contratos de cuatro megaobras auspiciadas durante el gobierno de Rafael Correa y encontraron diversas irregularidades, como sobreprecios, lo que benefició a las empresas y exfuncionarios.

Solo el 41% de ese grupo cuenta con seguridad social. Ayer se presentó herramienta-guía para que exijan sus derechos en casos de violencia de género y acoso laboral.

La medida adoptada en 2015 obligó al Seguro Social a tomar parte de sus ahorros para cubrir necesidades del fondo de salud. Jubilados esperan acciones concretas.