La normativa ratifica la validez legal de la incautación de los bienes de los exaccionistas y exadministradores de Filanbanco para devolver el dinero al Estado y a los ecuatorianos perjudicados.

Según la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, los procesos de incautación cumplieron con la garantía al debido proceso. Por esta razón el Comité no ordenó la restitución de bienes ni pago de indemnización.

Luego de que el Comité de DD.HH. de la ONU ratificó que no hubo persecución contra exdueños de Filanbanco, se acentúan esfuerzos para que cumplan la sentencia de 8 años de prisión por peculado.

El canciller Long pidió al embajador de EE.UU., Todd Chapman, avanzar expeditamente con el trámite de extradición.