La investigación por corrupción también salpica a los ministros de la Presidencia, Eliseu Padilha, y de la Secretaría General, Wellington Moreira Franco, ambos del entorno más cercano al jefe de Estado.

Los abogados del exmandatario presentaron el recurso de embargos de declaración para llamar la atención sobre 38 presuntas omisiones, 16 contradicciones y 5 puntos oscuros de la decisión tomada por una corte de segunda instancia el pasado 24 de enero.

Sus abogados piden que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que dictamine que los fiscales y jueces que actuaron en el caso violaron el derecho de Lula a la privacidad, a tener un juicio imparcial, a no sufrir un arresto arbitrario, el derecho de locomoción y el derecho a que se lo presuma inocente hasta que se determine que es culpable.

El exmandatario peruano tratará de defender su libertad tras el indulto otorgado en la víspera de Navidad por el actual presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski.

La Procuraduría informó que con la decisión, el Estado ecuatoriano se evita de pagar cerca de $ 42 millones.