El simulacro sirvió para verificar las rutas y tiempos que necesitarán el 2 de febrero. A nivel nacional se inscribieron 756 personas para sufragar en la consulta.

El Primer Mandatario participó ayer en un conversatorio –en Guayaquil– con directores y editores de medios impresos. El Gobierno negocia con Bangkok y Pekín para liberar petróleo que se vendió de manera anticipada.

Con este requerimiento el Gobierno busca sanciones penales que prevengan la corrupción y protejan los intereses del Estado. Además que se establezcan condenas para las organizaciones y personas jurídicas del sector privado que sean utilizadas como medios o herramientas para cometer los nueve delitos enmarcados en este mal. Actores políticos y analistas dan su opinión.

La empresa Montgar, a cargo del trabajo, mantiene el cronograma de integración y envío. El último lugar será la provincia de Pichincha.

En caso de ganar el Sí en la pregunta 7 de la consulta popular el área tendrá 62.188 hectáreas adicionales a las 758.778 ha actuales. No obstante, la ampliación no modificará las previsiones de producción de petróleo en el Bloque 43-ITT. Autoridades aseguran que aplicarán procedimientos que protegen el ambiente. Grupos ecológicos advierten afectación abiótica y daño sísmico.

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) analizó los requisitos de las firmas que se inscribieron para los procesos. La socialización sobre los temas de la consulta continuó ayer en foros efectuados en Quito y Guayaquil.

El presidente Lenín Moreno también anunció el reinicio de una obra vial y asistió a la firma de convenios para la atención social en Imbabura.

Las organizaciones políticas potencian su campaña con la capacitación sobre el contenido de la consulta. En sus recorridos constatan la poca información ciudadana.

Para el Gobierno y los sectores sociales, la aprobación de esta pregunta sería primordial para la conservación de ecosistemas frágiles. Sin embargo, los pequeños productores y mineros artesanales la cuestionan, pues consideran que dejaría sin fuentes de empleo a miles de familias que viven de esta actividad durante años y proliferaría sobre todo la minería ilegal.