El exsuperintendente de Comunicación es acusado de adulterar el texto de la ley, que luego fue utilizado para sancionar al menos a 11 medios.

Con 21 elementos de convicción la fiscal general (e), Ruth Palacios, sustentó su tesis de que la exvicepresidenta de la República cobró diezmos a sus colaboradores.

El exsubsecretario de Comunicación, Pablo Y., recibió medidas cautelares. La instrucción fiscal se extendió 30 días más. Hasta el momento son 9 los vinculados en el caso.