Un informe oficial determinó que Lima, Chincha y Chimbote fueron escenarios de al menos 27 ejecuciones extrajudiciales. El Gobierno tiene identificados a los policías responsables.

El presidente decreta la medida por 60 días para agilitar la asistencia a 1.300 damnificados. Poblados quedaron aislados.

El distrito de Yanque quedó sin energía y sin servicio básico. El ministro declaró estado de emergencia.

Los policías daban información falsa a delincuentes para que cometieran asaltos y luego los emboscaban. Tras los operativos, los gendarmes obtenían ascensos, incentivos y recompensas.

La Fiscalía archivó el caso de estas prácticas efectuadas durante el gobierno de Alberto Fujimori al considerar que no hubo delito de lesa humanidad.