Las personas privadas de la libertad de las distintas cárceles del país hacen un llamado a las autoridades para que vigilen que las empresas proveedoras del servicio cumplan con el contrato, ya que se ven afectados por enfermedades gastrointestinales. También denuncian que tiendas instaladas dentro de los centros, denominadas ‘economatos’, les obligan a depositar de $ 15 a $ 40 semanales a los familiares de los detenidos para proporcionarles algún snack.

Los otros dos sospechosos por la muerte de Emilia están en el área de máxima seguridad del centro de rehabilitación de Turi (Cuenca). Fiscal solicitó revisión de cuenta bancaria de implicado.

Según los investigadores, los detenidos que recién ingresaban en las cárceles eran extorsionados por otros presos.