La consulta popular une a las funciones del Estado

- 08 de febrero de 2018 - 00:00
Del lado izquierdo están la vicepresidenta María Alejandra Vicuña; la canciller María Fernanda Espinosa y el superintendente de Bancos, Christian Cruz, quien representa la función de Transparencia. En medio aparece el presidente Lenín Moreno. Del lado derecho se ubica el secretario de la Presidencia, Andrés Mideros, el contralor Pablo Celi; la vicepresidenta del CNE, Ana Marcela Paredes; el secretario de la Política, Miguel Carvajal y la secretaria jurídica Johanna Pesántez.
Foto: Fernando Sandoval / El Telégrafo

El presidente de la República Lenín Moreno y el secretario general de la OEA Luis Almagro mantuvieron ayer una conversación telefónica. La Cancillería convocó a su representante ante el organismo americano, José Valencia. Estas fueron las consecuencias por el pedido que hiciera la CIDH para que se ordene a Ecuador que no se apliquen los efectos de la pregunta 3. Esa interrogante cesa al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El pedido que hiciera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se desconozcan los resultados de la pregunta 3 de la consulta popular movilizó al Estado.

En la mañana el presidente Lenín Moreno se reunió en Carondelet con sus principales colaboradores. Luego publicó un mensaje en Twitter: “He convocado a todas las funciones del Estado para expresar en unidad de país, ante los organismos internacionales, nuestra legítima posición en defensa de la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano expresada en las urnas y la vigencia de las normas del derecho internacional”.

Por la tarde el Primer Mandatario se reunió con las cabezas de las distintas funciones del Estado, entre ellas la vicepresidenta María Alejandra Vicuña; la ministra de Justicia, Rosana Alvarado; la canciller María Fernanda Espinosa y otras autoridades como el secretario general de la Presidencia, Andrés Mideros; el secretario de la Política, Miguel Carvajal, y Johana Pesántez, secretaria jurídica de la Presidencia.

Pero, ¿qué pide la CIDH? Los comisionados consideran que la pregunta 3 sobre el cese de funciones de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la conformación de un organismo transitorio lesionan los derechos de los vocales Edwin Jarrín, Tania Pauker y Sonia Vera García.

Por ello los comisionados piden a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que ordene de manera urgente al Estado ecuatoriano cesar la aplicación de esa interrogante.

En un comunicado la CIDH asegura que la pregunta 3 viola la independencia funcional. La Cancillería contestó en otro documento en el que “rechaza el accionar incomprensible, poco ético y contrario a procedimientos legales de la Comisión”.

Horas después el Ministerio de Relaciones Exteriores  convocó a consultas al embajador de Ecuador en la Organización de Estados Americanos (OEA), José Valencia. Tanto la CIDH como la CorteIDH forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), del que es parte la OEA.

Moreno también contó en Twitter que conversó vía telefónica con Luis Almagro, secretario ejecutivo de la OEA. “Le he manifestado con claridad que así como somos respetuosos de los organismos internacionales, haremos respetar el mandato popular libremente expresado en las urnas, en un proceso democrático y fielmente apegado a nuestra Constitución”.

En la tarde Almagro se refirió al tema en la misma red social: “Hemos felicitado al presidente Lenín Moreno por el triunfo electoral y por el compromiso democrático demostrado por el pueblo e instituciones de Ecuador. Los instrumentos interamericanos están al servicio justamente de la democracia y los pueblos”.

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Jarrín, Pauker y Vera solicitaron a la Comisión, el pasado 28 de diciembre, que se detuviera la pregunta 3.

La CIDH, que es un órgano autónomo de la OEA, determinó que esa situación podría reunir los requisitos de extrema gravedad, urgencia, así como de daño irreparable previstos en el artículo 63, inciso 2 de la Convención.

Allí se establece que en casos de extrema gravedad y urgencia, la Corte podrá tomar medidas provisionales que considere pertinentes.

Las decisiones de la Corte son vinculantes para el país, ya que es uno de los firmantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En esa Corte, que fue calificada como “prestigiosa” por la administración de Rafael Correa, trabaja el expresidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño. Él es uno de los seis jueces de esa instancia.

Gobierno responde
La Cancillería aclaró que hasta el momento no existe ninguna medida adoptada por la CorteIDH sino “únicamente una solicitud” por parte de la CIDH, la cual se encuentra en análisis.

La CorteIDH inició el 29 de enero su período ordinario de sesiones en San José, Costa Rica. El evento terminará mañana. Aunque no está en la agenda, se desconoce si en estos días se tratará el caso ecuatoriano.

Actuación inusual de procedimiento
El director de Fundamedios, César Ricaurte, cuestiona el accionar de la CIDH y de la CorteIDH, primero por su rápida respuesta y  segundo por su accionar político. Además denuncia un desconocimiento de las verdaderas causas. “El pensar que una consulta popular conlleva a violaciones de derecho de funcionarios que pueden ser cesados por no cumplir es realmente un despropósito total”, señaló Ricaurte quien ha acudido en varias ocasiones a la CIDH para denunciar presuntas violaciones contra la libertad de expresión en el gobierno anterior.

En el gobierno de Rafael Correa se cuestionó el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), especialmente luego de que este organismo emitiera medidas cautelares a favor de los dueños de diario El Universo, quienes fueron demandados por el expresidente.

La CIDH también hizo lo propio con Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio. Pero el Gobierno consideró que la Comisión no tenía esa facultad. Incluso acusó a la entidad de estar sesgada a favor de organizaciones no gubernamentales alineadas a la derecha internacional.

La Cancillería inició una campaña internacional para reformar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en las asambleas extraordinarias de cancilleres de la OEA, sin embargo la iniciativa nunca prosperó por falta de apoyo. (I)

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Juristas se suman para defender al Estado
Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitiera a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), la solicitud de medidas provisionales a favor de tres integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), juristas ecuatorianos se ofrecieron a defender al país en este tribunal.

La CIDH solicitó a la Corte que ordene al Estado abstenerse de destituir a los actuales miembros del CPCCS y de crear un consejo transitorio. Aquello fue aprobado en la consulta popular del pasado 4 de febrero.

Los juristas que han ofrecido sus servicios a favor del Estado cuestionan la decisión de la CIDH. Ellos quieren defender la voluntad de la mayoría de los ecuatorianos expresada en las urnas el domingo pasado.

Daniela Salazar, abogada y profesora de la Universidad San Francisco de Quito, es una de ellas. “Cuenten conmigo. No se trata de defender al gobierno sino de defender la soberanía popular y defender el uso adecuado de un mecanismo diseñado para salvar vidas, no puestos”.

La exrelatora para la libertad de expresión en la CIDH, Catalina Botero, también se apuntó.

La colombiana se expresó sorprendida por la medida que tomó la Comisión. “En la CorteIDH pueden tener tres votos de jueces más afectos a su ideología que al derecho interamericano”, adelantó.

El Colegio de Abogados también ofreció su voluntariado a través de su titular, Ramiro García. “Nuestro Ecuador está bien representando”, escribió el organismo en su cuenta de Twitter. Aunque el pedido de la CIDH aún tiene que ser aceptado por la Corte, el presidente del Colegio de Abogados recordó que el tribunal sesiona esta semana en Costa Rica, por lo que podría otorgar la medida cautelar de manera inmediata.

Sin embargo, reconoció que la CIDH puede emitir por sí sola medidas cautelares con carácter vinculante, pero dijo que esta entidad  se está “lavando las manos” con la acción solicitada a la CorteIDH. Opinó que la situación que afronta el Gobierno Nacional significa que el presidente Lenín Moreno no tiene servicio diplomático.

Farith Simon reconoció que siempre ha defendido el rol de la CIDH, pero que en esta acción se equivocó. Agregó que el papel que ha jugado al defender al actual CPCCS es “impresentable”.

Ramiro Ávila, docente de la  Universidad Andina, lamentó la actitud de la Comisión.

Al respecto expuso un ejemplo: dijo que el país lleva cuatro años de espera del informe de fondo, después de la audiencia para que se haga justicia en “masacres contra pueblos indígenas Tagaeri y Taromenani”.

El jurista Juan Pablo Albán también ofreció su ayuda. (I)


El llamado al embajador es una expresión de malestar
La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernanda Espinosa, llamó  a consultas al representante permanente del país ante la Organización de Estados Americanos, el diplomático José Valencia, quien regresó inmediatamente a Quito.

En un comunicado, la Cancillería explicó que la convocatoria de carácter urgente del embajador se da ante el “accionar incomprensible, poco ético y contrario a procedimientos legales” del organismo internacional.

El boletín recuerda que el pasado 4 de febrero el Sí a la pregunta 3 (la misma que ha sido objetada por la CIDH) obtuvo el 63,15 % de votos favorables.

Esa interrogante planteaba la destitución de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la creación de un consejo transitorio.

El analista Fidel Márquez explica que la convocatoria del embajador significa un llamado de atención al país o sede en la que se encuentre el diplomático; “para querer enfriar las relaciones, tomar distancia y decir vamos analizar qué está pasando, tomar distancia; es una manera de protestar contra otro país sin decirlo. Estamos rompiendo relaciones”.

Dicha medida, aclaró el analista, no implica la salida rotunda del funcionario designado en determinado país, pues “se estila esperar un tiempo para tomar la decisión de ratificarlo o cambiar de representante en el exterior”.

Pero, ¿quién es el embajador que regresa?

José Valencia Amores fue designado como representante de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el 21 de diciembre de 2017, con el Decreto Ejecutivo 246.

Valencia presentó el 11 de enero pasado las cartas credenciales ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Él reemplazó a Marco Albuja, quien estuvo desde septiembre de 2013 hasta diciembre de 2017.  

El actual embajador de Ecuador en la OEA cumplirá recién un mes en el cargo el próximo 11 de febrero.

Valencia es doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica de Quito (PUCE). Su carrera diplomática  empezó en 1982 como funcionario en las direcciones de Promoción Económica, Soberanía Nacional y Protocolo en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El funcionario ha realizado estudios de cuarto nivel en Harvard y Columbia. También se ha desempeñado como embajador de Ecuador en Sudáfrica y coordinador para la Presidencia y Secretaría pro tempore de la Comunidad Andina. Fue viceministro de Relaciones Exteriores y director general de Política Multilateral de la Cancillería.

Fue delegado del Ecuador ante la Comisión de Derechos Humanos, en Ginebra (Suiza); además desempeñó otras actividades de representación diplomática. (I)

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