Casi a finales del mes de agosto cuando ya faltaban pocos días para que se cumplan cuarenta años del golpe de Estado de Pinochet, dos dirigentes políticos chilenos, uno de la derecha, el senador Hernán Larraín, y otro de la izquierda chilena, el exsenador Ricardo Núñez, editaron conjuntamente el libro Las voces de la reconciliación. En el libro se reúnen los puntos de vista de treinta y cinco autores sobre política, justicia, derechos humanos, historia, perdón, comisiones de la verdad, confianza cívica y el rol de las instituciones a fin de a través del diálogo superar los problemas que dividen a la sociedad chilena. En declaraciones que hizo a la prensa el señor Larraín, dirigente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido político integrado por personas que apoyaron el golpe militar y posteriormente al gobierno de Pinochet, consideró que para contribuir a la reconciliación debía pedir perdón y lo hizo.

Nadie puede poner en duda que la sincera y valiente declaración del senador Larraín es un paso importante, un primer paso quizá necesario y que posiblemente también darán otras personas, pero no suficiente. Durante el gobierno de Pinochet se cometieron graves violaciones de derechos humanos. Se torturó, se secuestró, se ejecutó arbitrariamente y desaparecieron muchas personas con la tolerancia y el apoyo de un Poder Judicial presidido por un personaje, el señor Urrutia Manzano, que en su oportunidad puso la banda presidencial a Pinochet. El dictador quiso premiarlo con la Embajada chilena en Francia, pero no fue posible pues el presidente Giscard d’Estaing lo rechazó porque no estaba dispuesto a aceptar como Embajador ante su gobierno a un hombre “que había cubierto con un manto de legalidad” a una dictadura abominable.

Este derecho a la justicia implica la condena de los responsables y la reparaciónPor su parte, el presidente de Chile, el señor Sebastián Piñera, ha condenado de forma categórica en estos días las violaciones de derechos humanos que se cometieron en el período de Pinochet y expresamente la actuación de la prensa que no informó de lo que estaba ocurriendo, y del Poder Judicial que no cumplió con su rol de proteger el Estado de Derecho durante la dictadura militar y pudo haber evitado que se perdieran muchas vidas.

Como decíamos anteriormente, estas declaraciones no son suficientes. Las violaciones de los derechos humanos que se cometieron durante el gobierno de Pinochet constituyen crímenes internacionales y el Estado chileno está obligado por la Convención Americana de Derechos Humanos a investigar, enjuiciar, eventualmente a condenar a los responsables de estos crímenes y a reparar a las víctimas directas si fuere posible y a las indirectas. No se trata de un acto de buena voluntad del Estado chileno, se trata de una obligación jurídica cuyo incumplimiento es fuente de responsabilidad internacional del Estado. Los Estados parte de la Convención Americana, según ha dejado establecido en numerosas sentencias de su órgano jurisdiccional la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solo tienen la obligación pasiva de respetar los derechos humanos sino también la activa de perseguir judicialmente a los responsables.

Las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos tienen derecho a la verdad judicial y a la justicia. No es suficiente la que puedan establecer comisiones gubernamentales ni tampoco colman las expectativas de justicia los pagos que pueda acordar la Administración. Este derecho a la justicia implica la condena de los responsables y la reparación que puede ir, según el caso concreto, más allá de un mero pago. Si alguien cree que con dar una vuelta de página, si con ignorar o esconder lo que pasó, podrá haber una reconciliación, está contribuyendo a que una crisis social se cierre en falso, a que las heridas se vuelvan a abrir en cualquier momento.

Las declaraciones del presidente Piñera y del senador Larraín, como decíamos, van en la buena dirección. En sus manos y en general de toda la clase política chilena está la responsabilidad de que se llegue a una verdadera reconciliación. Ahora deben exigir que los fiscales y jueces chilenos cumplan con su deber de investigar, enjuiciar, condenar a los responsables de estos crímenes y  reparar a las víctimas.